Expertos y juristas ven difícil y poco útil poner pulseras a violadores libres por el 'sólo sí es sí', como pide Igualdad

Tras la crisis generada por las rebajas de pena y excarcelaciones a cuenta de la ley del 'sólo sí es sí', la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, anunciaba esta semana una medida puesta en marcha: las víctimas de violencia sexual que se vean afectadas por las "excarcelaciones sorpresivas o inesperadas" de los agresores por la aplicación de esa norma ya pueden pedir las pulseras contra el maltrato para ellos. Es la medida propuesta por Interior y la Fiscalía sólo para víctimas de violencia de género, es decir, en el ámbito de la pareja o expareja, pero Igualdad asegura que ahora se extiende a cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

Según el anuncio de Rosell, el Ministerio de Igualdad pidió en diciembre que "en 24 horas estuvieran disponibles las pulseras para las mujeres que lo solicitaran" y lo envió a la Fiscalía, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Sistema Cometa (el que se encarga de las pulseras cuando hay penas en el ámbito de la violencia de género). Hasta ahora, no hay detalles sobre el procedimiento específico para pedir las pulseras, lo único que apuntó la delegada del Gobierno es que se puede hacer a través de las fiscalías. Sin embargo, hay dudas jurídicas y técnicas.

Fuentes consultadas en la Fiscalía señalan que recibieron la información de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, y que a su vez enviaron "un oficio" a todas las fiscalías a finales de diciembre para que supieran que "existía esa posibilidad (la de tener disponible en 24 horas de una pulsera telemática para una mujer que lo solicitara si su agresor era excarcelado tas la ley del solo sí es sí')".

El otro destinario, el CGPJ, plantea más problemas. Ese órgano no puede dar instrucciones a los jueces sobre cómo actuar en cada caso. Y "la última palabra, siempre la tiene el juez".

La aplicación de esta medida no va a ser fácil, solo va a ser posible colocar las pulseras cuando esté activa, por sentencia, alguna medida de alejamiento entre víctima y agresor que en muchos casos no existe o no está en vigor.

Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno contra la violencia de género, cree que cualquier medida para proteger a las víctimas "bienvenida sea", pero que, en este caso, "puede haber muchas limitaciones en la práctica". Hay varias cuestiones porque no siempre el juez va a poder determinar que se ponga una pulsera. Cuando un agresor sexual sale de prisión porque ha cumplido su pena. "Aquí no hay pulsera que valga ya que es un hombre libre".

Otro caso sería cuando a un agresor se le ha rebajado la pena pero en su condena se contempla una orden de alejamiento después de salir de prisión. Por ejemplo, está condenado a 10 años de cárcel y cinco de alejamiento. En este caso, sí es posible que el juez determine que se le ponga un dispositivo de control telemático. Es algo que ya estaba indicado antes del 'sólo sí es sí' sobre todo cuando la violación había sucedido en el entorno familiar o más cercano de la víctima. Pero Lorente puntualiza que aunque ahora ya se debería hacer, la realidad es que no se hace: "Si está especificado en su condena se deberían tomar medidas específicas como la de poner una pulsera telemática, aunque, como ya digo, no se hace con medidas específicas".

Fuentes jurídicas consultadas por NIUS coinciden con él y aseguran que, si hay una orden de libertad vigilada cuando el agresor sale de prisión pero si en la sentencia no se especificó, se tendría entonces que solicitar la medida dos meses antes de la puesta en libertad del agresor. Teniendo en cuenta que estos casos a los que nos referimos (tras la ley del 'solo sí es sí') son de ejecución inmediata, si no hay una orden de alejamiento específica, es muy difícil que esto prospere.

Según se señala en el artículo 57.1 del Código Penal, "si la persona condenada lo fuera a pena de prisión y el Juez o Tribunal acordara la imposición de una o varias de prohibiciones (la privación del derecho a residir en determinados lugares, la prohibición de aproximarse a la víctima, la prohibición de comunicarse con la víctima) ya se contempla que el juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de aquellos medios electrónicos que lo permitan.

Además, señala Lorente, nos encontramos con el problema de que "los reincidentes de agresiones sexuales no suelen repetir con las mismas víctimas, luego si sale un violador de la cárcel y cumple todos los requisitos para que el juez apruebe una pulsera telemática es muy difícil que vuelva a reincidir con la misma víctima, pero sí es posible que agreda a otras", dice. En este caso la pulsera sería poco útil para esa víctima aunque quizá pueda servir a modo de control del violador, para saber, por ejemplo, dónde ha estado en caso de que se lleve a cabo otra violación. "Es excepcional que un hombre viole dos veces a la misma mujer salvo que sea en el ámbito familiar y en estos casos si está contemplado el dispositivo telemático", explica.

La fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, Teresa Peramato, ha argumentado que poner una pulsera a los violadores excarcelados puede "asegurar la vigilancia del cumplimiento o pena" en los casos en los que hay orden de alejamiento, "por lo que no supone ninguna otra limitación" para el violador, aunque asume que quien tiene que decidir es el juez.

En este último aspecto insiste Miguel Lorente: "No es suficiente con que la mujer pida que su agresor lleve la pulsera, sino que tiene que ser impuesta por un juez que tendrá que ver las circunstancias de cada caso. Lo primero que hará el juez es ver si tiene capacidad de acción sobre esa persona, si hay espacio para que se tomen medidas, si ha cumplido ya su pena, o si hay altas posibilidades de poner en riesgo a esa mujer. Desde 2004, cuando hay violencia sexual se hace un alejamiento de la víctima. Es aquí donde esta medida tendría sentido, pero que se aplique a un violador que sea excarcelado, es mucho más complicado".

Victoria Rosell afirmó en su comparecencia del martes que hasta la fecha ningún juez ha ordenado esta medida de control para las víctimas de agresores sexuales excarcelados por la aplicación de la ley del 'sólo sí es sí'.