El último desencuentro entre PSOE y Podemos: la ley Zerolo desembarca en el Congreso
El Grupo Socialista registró el pasado 21 de enero la proposición de la ley Zerolo en el Parlamento sin contar con su socio Unidas Podemos
La norma busca la protección real contra todo tipo de discriminación, con sanciones de hasta medio millón de euros
El texto fue impulsado hace ya más de 10 años por el diputado y activista LGTBI ya fallecido Pedro Zerolo, pero nunca llegó a aprobarse
Si el proyecto de ley trans abrió una grieta dentro del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, la futura Ley para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, conocida como ley Zerolo, podría terminar de herirlo gravemente. Ambas normas son dos de los pilares fundamentales -el tercero es la Ley para la Igualdad de las Personas LGTBI- del compromiso suscrito entre los dos partidos para luchar contra la discriminación de los colectivos más vulnerables.
Los socialistas han puesto reparos al borrador de la Ley Trans, elaborado en exclusiva por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. La idea era que el Consejo de Ministro lo aprobara la primera quincena de febrero, pero se ha paralizado tras la presión de algunos sectores del PSOE, entre ellos el de la vicepresidenta Carmen Calvo, que duda de las garantías jurídicas que supone la autodeterminación de género "sin más requisitos que la mera voluntad o el deseo". Con la ley Zerolo, ocurre al revés: ahora son los morados los que recelan de esta norma que nace en el seno del PSOE y temen que acabe bloqueando la ley Trans y la de Igualdad LGTBI.
El Grupo Socialista registró el pasado 21 de enero la proposición de la ley Zerolo en el Parlamento. Lo hizo en solitario, de forma unilateral. Sin contar con su socio Unidas Podemos, que ya ha manifestado su malestar por este registro "sorpresa". Según los morados, ambos grupos habían decidido presentarla juntos y el Ministerio de Igualdad ya estaba trabajando en ello.
Este martes, la proposición de la ley Zerolo desembarca en el Congreso para comenzar de nuevo su andadura en sede parlamentaria. La norma, impulsada hace ya más de 10 años por el diputado y activista LGTBI ya fallecido Pedro Zerolo, se ha registrado en otras dos ocasiones -2011 y 2019- pero nunca ha llegado a aprobarse.
La ley Zerolo es una reivindicación histórica de las organizaciones antirracistas. Busca la protección real contra todo tipo de discriminación. En su texto señala que "nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioecónomica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Sus ámbitos de actuación serían el laboral, educativo, sanitario o el de vivienda, aunque también prevé el de justicia o el administrativo.
La norma recoge sanciones leves, graves y muy graves para aquellos actos discriminatorios que hasta ahora no tenían ningún tipo de respuesta penal. Las multas oscilarán entre los 300 euros y el medio millón de euros.
Según Podemos, desde hacía meses, los dos grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno y el Ministerio Igualdad habían estado trabajando para "ultimar" el contenido de la norma, por lo que su presentación conjunta "era inminente".
Los socialistas se defienden y aseguran que esta norma está dentro del acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones, pero que se decidió presentar a través del Congreso como proposición de ley, no como proyecto del Ejecutivo, porque el PSOE ya lo había intentado en dos ocasiones anteriores.
Explican, además, que en las reuniones de trabajo entre ambos grupos se tomó la decisión de que este texto fuera registrado en el primer trimestre de este año y que sería llevado al Pleno por los socialistas, aunque estaría firmado por ambos. Esto se debe a que el PSOE, como partido mayoritario de la Cámara, tiene más cupo para meter iniciativas legislativas en el orden del día del Congreso. Y para aprovechar el turno que corresponde a los socialistas en el mes de febrero, el texto debía registrarse ahora.
El Ministerio de Igualdad ha emitido el informe preceptivo de la norma en la que señala que, con este texto, los socialistas han roto el pacto de los partidos de Gobierno y siete meses de negociaciones.
Nuevo pulso por la ley trans
El departamento dirigido por Irene Montero, además, ha anunciado su intención de que las llamadas leyes trans y LGTBI se debatan en el Consejo de Ministros el próximo 23 de febrero. Un anuncio que desde el ala socialista del Ejecutivo ha sido considerado como una nueva presión. Según Igualdad, la tramitación de estos proyectos para esa fecha se daba por hecha después de haberse incorporado, a su juicio, las observaciones indicadas desde la Vicepresidencia Primera al borrador de la ley sobre los derechos de las personas transgénero.