Abogados de familia: "Esperar un año para un informe de custodia es insoportable"

Pedro y Teresa (nombres ficticios) han decidido divorciarse. Tienen dos hijos menores. Teresa quiere que la custodia de los niños sea para ella, mientras que Pedro demanda la compartida. Durante un año y medio el caso no se ha resuelto por culpa de la demora del equipo psicosocial del juzgado en emitir su informe sobre la custodia y las visitas a los niños. Un informe crucial para la decisión final del juez.

"Que la espera se prolongue tanto es insoportable por todo el sufrimiento que conlleva. La demora no debería prolongarse más allá de tres o cuatro meses para no provocar gravísimas consecuencias prácticas y no ahondar en el conflicto de toda la familia", explica la letrada María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia.

El caso de Pedro y Teresa no es una excepción. La media de espera es un año. En el 33,9 % de los casos, la demora para este informe del equipo de psicólogos y trabajadores sociales es de seis a 12 meses; en el 17 %, de 12 a 18; en el 12,8%, de uno a dos años, y en el 2,3 %, de más de dos años. Sólo en un 33,9 % la espera dura seis meses, según un informe del Observatorio del Derecho de Familia. La misma encuesta señala que siete de cada 10 abogados encuestados creen, además, que la formación de esos equipos es "regular, deficiente o muy deficiente".

La ley no establece un plazo máximo para que los equipos psicosociales hagan sus informes de apoyo técnico a la labor de los jueces. En ellos se recoge las capacidades y la ideonidad de los padres a la hora de relacionarse con sus hijos, sus actitudes, vínculos de apego, flexibilidad horaria, o la ayuda que cuentan de terceras personas. Con esos informes, es el juez el que debe valorar, junto con el resto de pruebas, para tomar una decisión.

Estos informes se realizan en muchas ocasiones a petición del fiscal, pero también de los padres, asegura el abogado José Gabriel Ortolá Dinnbier. "Cuando se está discutiendo el régimen de visitas de los niños o su guardia y custodia es necesario contar con una prueba de un perito o técnico en esta materia", explica.

"El plazo debería ser lo más corto posible, los procedimientos de familia están vivos y no son las mismas circunstancias dentro de seis meses o de un año, por ello si se dicta muy tarde, todo ha podido cambiar", añade Ortolá Dinnbier.

Actualmente, en España existen 115 juzgados de familia. Eso significa que no en todos los partidos judiciales existen jueces especializados para estos casos, lo que supone que dependiendo de la zona en la que se viva, el caso lo lleve un juzgado especializado, uno de primera instancia o uno mixto. En estos dos últimos "la demora es aún mayor", según la presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, ya que al no haber equipos psicosociales en ellos, hay que recurrir a peritos de una bolsa de colegios profesionales de psicólogos.

"Es necesario que se cree una judicialización especializada, así como una ley para regular el acceso y formación de los profesionales de los equipos psicosociales y un protocolo unitario en los informes periciales", reclama Lozano.

Los psicólogos de los juzgados de familia no comparten esta percepción. Sheila Mas es psicóloga y mediadora familiar en el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. "Un juez emite la petición si lo considera oportuno y debe hacerlo dentro de un plazo para que la causa no prescriba. Lo mismo ocurre con el informe del equipo técnico, que debe cumplir unos plazos", explica Mas.

La mediadora cree que en ocasiones, las partes piden este informe sin pensar en el bienestar del menor. De hecho, magistrados y psicólogos prefieren que los progenitores resuelvan los conflictos de custodia sin que el menor pase por el juzgado: "A veces se retrasa la petición del juez porque valora si efectivamente hay conflictividad. Pasar por el juez, entrevistas y tests con psicólogos causa más estrés al menor que se debería evitar. Es una disputa que deberían solucionar los progenitores entre ellos", aclara la mediadora.

En ocasiones, las partes piden un informe a un perito de familia de forma particular. "Muchas veces no obtienen lo que quieren y el conflicto se alarga en el tiempo", añade.

Tres de cada diez divorcios acaba actualmente con custodia compartida. Tanto el padre como la madre se hacen cargo de los hijos. Un reparto equitativo que se ha triplicado en la última década. Las razones son varias: por un lado el cambio de mentalidad en la sociedad; por otro, el impulso que ha recibido por la legislación. El propio Tribunal Supremo le dio un empujón en 2013, cuando defendió la custodia compartida como la "mejor solución" para los menores. El Alto Tribunal destacó el derecho de los hijos "relacionarse con ambos progenitores".

Desde entonces el repunte ha sido claro. Si en 2010, los jueces solo la concedían en una de cada 10 ocasiones, en 2018 se otorgó en el 33,8% de los casos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La custodia compartida se incluyó en el Código Civil en España en 2005 para los casos en los que ambos progenitores estaban de acuerdo. En caso de no existir consenso, la normativa preveía aplicarlo cuando lo reclamaba solo uno si existía un informe favorable del Ministerio Fiscal.

A partir de 2011, algunas comunidades autónomas comenzaron a aplicar una regulación propia que pretendía hacer más extensible este régimen equitativo. Ahora mismo hay cinco autonomías con leyes especialmente favorables hacia la custodia compartida. Son Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco. Comunidades que precisamente registran el porcentaje más alto de custodias compartidas, según el INE.

Al final, a Pedro y a Teresa les otorgaron la custodia compartida.