La Ley Trans de Irene Montero pide un solo requisito para el cambio de sexo en el Registro Civil: la declaración expresa


Elimina de despatologización de la transexualidad y desliga la declaración de un informe médico o psicológico
Impone multas de hasta 150.000 euros por discriminación al colectivo LGTBI, como las "terapias de conversión"
El borrador de la Ley Trans que ha redactado el Ministerio de Igualdad, y que se pretende llevar al Consejo de Ministros en la primera quincena de febrero, elimina la despatologización de la transexualidad, permitiendo el cambio de sexo sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas, y recoge como único requisito para el cambio en el Registro Civil la "declaración expresa" de la persona.
El equipo de la ministra Irene Montero, se encuentra en la actualidad negociando esta norma, a la que ha tenido acceso Europa Press, con la vicepresidenta primera de Gobierno, Carmen Calvo, por lo que es susceptible de sufrir algún cambio antes de su aprobación por parte de todos los miembros del Ejecutivo.
Sin embargo, a pocos días de que el Consejo de Ministros le dé la luz verde, la ley sigue recogiendo algunos temas que han causado desavenencias entre los socios de Gobierno, así como a diferentes sectores del feminismo, como son la despatologización de la transexualidad o la autodeterminación de género.
En cuanto al primer tema, la norma recoge que la rectificación registral de la mención del sexo "en ningún caso podrá estar condicionada a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno", algo que sí se exigía en la legislación actual, en concreto, un informe médico que diagnosticara a la persona transexual una distrofia de género.
Multas de 150.000 euros por discriminar al colectivo LGTBI
En el texto del borrador también se prevén multas de hasta 150.000 euros para sancionar las conductas discriminatorias muy graves, entre las que se incluyen las terapias de conversión de la orientación sexual o el acoso.
El documento prohíbe las citadas terapias de conversión y las cirugías de modificación genital de los bebés intersexuales y da a sus padres un plazo de un año para decidir el sexo con el que registrarlos. El borrador del anteproyecto de ley para la igualdad de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y para la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales también garantiza el acceso a técnicas de reproducción asistidas a todas las mujeres y las personas trans con capacidad de gestar.
El texto detalla una larga serie de infracciones administrativas y sanciona las "muy graves" con multas de 10.001 a 150.000 euros, entre las que se encuentran el acoso discriminatorio, las terapias de conversión y los libros de texto que establezcan que alguien es superior o inferior por razón de su orientación sexual o identidad de género, entre otras.
Con estas medidas, "se restituye a la persona el derecho inherente a decidir sobre su propio cuerpo y su ser", explica el Ministerio de Igualdad en la exposición de motivos del borrador.