El Gobierno destina más de 2.000 millones de euros a nuevas ayudas para sostener al campo español en plena sequía

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un paquete de ayudas para paliar los efectos de la sequía que suma 2.190 millones de euros, en un decreto presentado por los ministerios de Transición Ecológica y de Agricultura.

El impacto económico de las diez medidas de ayuda al campo español suma más de 784,2 millones de euros, ha dicho el ministro de Agricultura, Luis Planas, en rueda de prensa. El objeto principal de este paquete de ayudas es "asegurar la continuidad productiva de nuestros agricultores y ganaderos, algo fundamental para el abastecimiento a los ciudadanos y para el precio de los alimentos", según ha argumentado el ministro.

En ayudas directas al sector agrario, se va a incrementar al 70% (el máximo que permite la Unión Europea) la cobertura por sequía de los seguros a los cultivos más afectados. Además, 355 millones se destinan a los ganaderos productores de leche y carne, que tienen que alimentar a sus animales a precios muy superiores a los habituales. También se destinarán 5 millones de euros a la apicultura. Por último en el apartado de ayudas directas, se crea un fondo de ayuda a la agricultura por valor de 276,7 millones de euros.

El segundo bloque es el de la fiscalidad: el IBI se bonificará en 53 millones de euros y a los eco regímenes (agricultura sostenible) se destinarán 31 millones. El tercer bloque hace referencia a los préstamos para incrementar la liquidez. La línea de crédito del ICO se amplía en 20 millones de euros, más otros 3 para financiar avales en los créditos solicitados. Además se podrán aplazar cuotas a la seguridad social. El último bloque consiste en la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 de la reducción a diez del número de peonadas necesarias para tener acceso al subsidio agrario.

Luis Planas ha explicado que las medidas anunciadas hoy se añaden a las puestas en marcha en los últimos meses, por valor superior a los dos mil millones de euros con motivo de la sequía y la guerra de Ucrania, así como a las bonificaciones de impuestos y la facilitación de los seguros agrarios.

Desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre de 2022 hasta esta misma semana, el valor medio de las precipitaciones en España ha sido un 27,5 % inferior al promedio de este periodo, una realidad que ha impacto de lleno en el sector agropecuario español.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha destacado que acometer una crisis como la actual requiere medidas no sólo urgentes, también inversiones a largo plazo y ha comparado los 1.462 millones de euros del presupuesto de 2011 para infraestructuras hidráulicas con los 360 de 2018 y 3.000 los de 2023 (mil de ellos vinculados al Plan de Recuperación). "Esas inversiones comprometidas deben ser ahora aceleradas", ha dicho Ribera.

"No basta con ofertar más agua, necesitamos gestionar la demanda, en primer lugar para el abastecimiento urbano pero también para facilitar los sectores que necesitan el agua", ha argumentado. Ribera ha apostado por reforzar la reutilización de agua para que pase del 10% actual al 20% en 2027.

Las medidas de inversión representan 1.400 millones de euros. Algunas medidas serán inmediatas en las zonas más afectadas por un importe de 35 millones de euros, destinadas a garantizar el suministro. Serían "obras exprés", en palabras de la ministra.

Ribera ha citado otras inversiones que no estarán disponibles para este verano pero que se consideran necesarias: desaladoras en Málaga y el levante almeriense por un valor de 200 millones de euros, desaladoras entre el Maresme y Blanes por 220 millones y reutilización de agua en Alicante por valor de 224 millones. En Donaña se facilitarán obras para reducir la presión sobre los acuíferos.

El Gobierno también ha aprobado una serie de medidas para proteger a los trabajadores ante olas de calor y que incluyen la prohibición de desarrollar determinadas tareas en algunas horas cuando haya alerta naranja o alerta roja por altas temperaturas emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La medida forma parte del real decreto ley aprobado este jueves para hacer frente a los efectos del cambio climático y establece la obligación concreta de prever medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras ante temperaturas extremas.

Según ha explicado tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se hacen "más estrictas las condiciones" en esta materia con la prohibición de determinadas tareas en esas circunstancias de calor extremo cuando haya riesgo para la salud.