España refuerza el control de la contaminación de la ganadería tras la polémica de las 'macrogranjas'

Tras días y días de debate político sobre las llamadas 'macrogranjas', resulta sorprendente que el Gobierno apruebe una medida relacionada con la contaminación de las aguas que puede generar la ganadería y no se mencione una palabra. Nada en absoluto. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, no ha dedicado ni un segundo de su comparecencia de este martes a esta cuestión aprobada en el Consejo de Ministros.

El Gobierno, además del bono de alquiler para jóvenes, había dado el visto bueno a la idea de implantar "criterios más ambiciosos para identificar mejor las aguas afectadas por nitratos". La contaminación por nitratos pueden ser consecuencia de un abuso del uso de fertilizantes (químicos o derivados del estiércol y los purines). Una de las críticas que suele recibir la macro-ganadería es precisamente ésta: la gestión de los excrementos.

El purín (estiércol líquido) y los residuos de los animales se han utilizado tradicionalmente para abonar la tierra, pues el nitrógeno que contienen nutre los cultivos. Los fertilizantes artificiales también tienen este elemento químico. Al descomponerse el abono, se forman los nitratos.

Pero un exceso de los mismos es nocivo. Si el fertilizante se aplica al suelo en cantidades excesivas puede filtrarse por el subsuelo llegando hasta los acuíferos. El agua con exceso de nitratos deja de ser potable.

La aplicación de la nueva normativa aprobada por el Gobierno este martes "aumentará en un 50% la superficie de las zonas protegidas, lo que requerirá programas de actuación más rigurosos e incluirá limitaciones al uso de fertilizantes", explicaba el ministerio de Agricultura en una nota de prensa distribuida por la tarde.

En ningún momento se menciona la reciente polémica. Nada que ponga en cuestión el modelo de ganadería intensiva o las denominadas 'macrogranjas' por el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Pero sí se hace referencia a "la contaminación por exceso de nutrientes" o al mayor estudio de "las presiones agropecuarias" en relación a la calidad de las aguas.

Es el propio Gobierno el que reconoce también que "los resultados obtenidos no han conseguido paliar los efectos de este tipo de contaminación. El alto contenido en nitratos de ríos y acuíferos es uno de los principales problemas existentes en las masas de agua de todo el país".

El Ministerio de Agricultura calcula que este tipo de contaminación afecta en nuestro país "al 22% de las masas de agua superficial y al 23% de las aguas subterráneas". La Comisión cree que en el 81% de los casos es el resultado del uso excesivo de fertilizantes y la mala gestión de excrementos de la ganadería.

Lo que ha hecho el Ministerio de Agricultura este martes es actualizar una directiva adoptada hace 25 años. En su seguimiento posterior, la Comisión había señalado el "fracaso" de España (y otros miembros de la UE) a la hora de atajar el problema.

De hecho, en 2018 y 2020 el organismo ya envió 'avisos' al Ejecutivo español. Y el pasado diciembre la Comisión refirió a España al Tribunal de Justicia de la UE por "no tomar suficientes medidas" para reducir la contaminación de las aguas por nitratos.

Una de las recriminaciones principales de Bruselas en el informe que precedió a esta decisión, es que hay zonas de aguas contaminadas o de posible contaminación que no se incluyen en las llamadas áreas vulnerables designadas. Es decir: había muy pocas zonas declaradas como 'vulnerables' y por lo tanto, objeto de seguimiento.

"A pesar del avance limitado, España debe tomar medidas adicionales para alcanzar los objetivos de la directiva y aumentar el número de zonas vulnerables por exceso de nitratos a siete comunidades autónomas: Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana", decía el informe.

Pero incluso en los lugares donde había controles, la Comisión consideraba que habían sido insuficientes para cumplir con la directiva y que se podía hacer más. El estudio se refería así a las medidas adoptadas en: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.

España no es el único país al que Bruselas pide que aumente sus esfuerzos en esta cuestión. En esta lista negratambién figuran: Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Hungría, Letonia, Luxemburgo, Malta y Países Bajos. La Comisión señala que estos Estados "registran mala calidad del agua en todo su territorio y un problema sistémico" en la gestión de la contaminación de origen agrario.

En las nuevas zonas designadas como protegidas se establecerán estaciones de control. En la práctica, supondrá aumentar las estaciones de muestreo y su número de tests para "reforzar los programas de seguimiento de las aguas y determinar la evolución de la contaminación", explica el ministerio.

El Gobierno deja en manos de las cuencas hidrográficas la potestad de incrementar los umbrales máximos de nitrógeno. Serán las comunidades las encargadas de hacer un seguimiento, ya que son las que tienen el grueso de competencias en esta materia.

Además, las CCAA deberán elaborar códigos de buenas prácticas agrarias que los agricultores deberán aplicar obligatoriamente en las zonas vulnerables. Es habitual que las explotaciones ganaderas lleguen a acuerdos con los agricultores para entregarles los excrementos con los que luego se abona el campo.

El Gobierno se compromete a elaborar un informe cuatrienal con un análisis de la eficacia de las medidas que será remitido a la Comisión Europea. Además se asume el compromiso de hacer pública toda la información para que ganaderos y agricultores puedan ajustar "sus pautas de fertilización".