Rebelión entre estudiantes y docentes de la Universidad de Granada contra las restricciones de la Junta de Andalucía

La guerra parece haber estallado entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada a raíz de las restricciones anunciadas por el ejecutivo andaluz en el ámbito universitario. El pasado martes, la Junta aprobaba decretar un toque de queda en las residencias y colegios mayores de universitarios de la ciudad de Granada, así como la suspensión durante dos semanas de las clases presenciales en la universidad. El objetivo, frenar el aumento de contagios por coronavirus detectado, según la Consejería de Salud de la Junta, especialmente entre los jóvenes de la ciudad. Sin embargo, la primera consecuencia de estas medidas ha sido una tormenta en el seno de la Universidad de Granada (UGR), que ha criticado duramente la decisión.

A los pocos minutos de conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno andaluz, la propia rectora de la UGR convocaba a los medios de comunicación para mostrar su evidente enfado. “Nos entristece muchísimo que se valore en Andalucía se valore más mantener los bares abiertos que las universidades”, manifestaba Pilar Aranda, visiblemente indignada. Según cifras proporcionadas por la propia Universidad, unos 60.000 estudiantes se quedan sin clases presenciales, aunque sólo unos 2.200 están en residencias y colegios mayores, los lugares en los que la Junta ha ubicado los brotes preocupantes. Por ello, desde el seno de la institución aseguran que no suspenderán las clases motu proprio hasta que la medida sea firme y aparezca publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Pero la indignación no solo ha calado entre docentes de la Universidad de Granada, sino también entre los propios estudiantes, quienes no entienden cómo la Junta ha tomado esa decisión sin consultar previamente con el personal de investigación y administración de la institución ni con el estudiantado. A ello se suma, entienden, el hecho de que más del 60% de los 60.000 estudiantes matriculados en la UGR viven en pisos de alquiler que ahora no tendrían por qué ocupar. Todo este malestar ha llevado a los colectivos estudiantiles a convocar una manifestación de protesta, el próximo viernes, en pleno centro de Granada.

El enfado de la comunidad docente que trabaja en la Universidad de Granada también es patente. Algunos profesores aprovecharon las redes sociales para ironizar sobre la decisión de la Junta de no restringir la actividad en bares y locales de ocio nocturno, pero sí en las facultades, bibliotecas y laboratorios de la UGR.

La polémica en Granada está servida, y desde su Universidad, cuya actividad representa un 6% del PIB de la ciudad, sentencian que a la Junta le interesa más mantener “la actividad económica de los bares que la propia educación de sus jóvenes”.