El Gobierno aprueba la nueva ley del aborto con un nuevo desaire a los jueces para cumplir su agenda social

Este martes llega al Consejo de Ministros una de las leyes sociales que impulsa el Gobierno en este final del verano. Tras la aprobación de la llamada ley del 'sí es sí' en el Congreso, el Gobierno inicia el trámite parlamentario de la nueva ley del aborto, que permitirá abortar sin permiso paterno a las menores de 16 y 17 años. Esta ley también garantizará el derecho a la baja de las mujeres que sufran dolor menstrual grave.

La norma ya fue acordada por el Ejecutivo en mayo. El Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, decidió tramitarla por el procedimiento de urgencia y eso ha conducido al Gobierno a un nuevo desencuentro con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no ha aportado aún su informe preceptivo.

No lo ha hecho "por falta de tiempo", según explican a NIUS fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que señalan que era inviable elaborar el documento en los plazos requeridos por el Gobierno. La tramitación urgente daba 15 días para emitir los informes, un plazo que se agotó a finales de junio.

El Ejecutivo ha decidido seguir adelante con la tramitación sin dar más tiempo al CGPJ. El Gobierno tiene prevista una agenda legislativa social intensa antes de que termine la legislatura. Para cumplir su objetivo, leyes como la del aborto o la ley trans deberían estar aprobadas por el Parlamento antes de que termine el otoño de 2023. Que entren los proyectos legislativos en el Congreso de los Diputados cuanto antes es crucial para cumplir con la agenda marcada. De hecho, el anteproyecto de la ley trans ya recibió el visto bueno del Ejecutivo antes de tener el dictamen del Consejo Fiscal. A estas dos leyes se suma en los próximos meses la tramitación de la ley contra el proxenetismo.

Entre los puntos más destacados de esta reforma está la medida que permite a menores a partir de los 16 años a poder interrumpir su embarazo de forma voluntaria sin el permiso de sus progenitores; además, elimina los tres días obligatorios de reflexión e incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo, además de un servicios de asistencia y acompañamiento integral y especializada.

Del mismo modo, garantiza la objeción de conciencia, que se regula del mismo modo que en la Ley de Eutanasia para garantizar que siempre habrá personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, la norma recoge que quien se declare objetor, será de aplicación en la sanidad pública y privada.

Entre las medidas que recoge esta norma está también que los centros de salud y centros servicios de salud sexual y reproductiva despacharán la píldora del día después de forma gratuita.

La reforma de la ley del aborto también trata la conocida como pobreza menstrual. Así, las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina.

Por otra parte, esta ley dedica un apartado a los derechos relativos a la salud menstrual de las mujeres en todas las etapas de la vida que incluye la baja específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes, que en los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos o centros sociales, se repartan gratuitamente productos de salud menstrual, como tampones, compresas o copa menstrual con el objetivo de acabar con la pobreza menstrual.

También se recoge el reparto de forma gratuita de métodos anticonceptivos en centros educativos vinculado a campañas sobre educación sexual.

Finalmente, esta nueva norma incluye medidas para fomentar las buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente, en el parto y en el postparto, entre ellas, la incorporación de una baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.