Qué es un requerimiento de incompetencia, la baza del Gobierno para frenar los cambios en el aborto
La dificultad del Gobierno es que el PP desmiente la existencia del protocolo anunciado por Vox para que los médicos ofrezcan escuchar el latido a las mujeres que quieren abortar
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El Gobierno ha optado por la vía del requerimiento de incompetencia para atajar las nuevas medidas que pretende aplicar la Junta de Castilla y León y que pueden afectar al derecho al aborto. Este mecanismo legal viene descrito en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que es la instancia que termina dirimiendo este tipo de conflictos si no hay previamente un acuerdo.
El requerimiento de incompetencia lo plantea el gobierno central o el de una autonomía directamente a otro ejecutivo por entender que alguna de las normas o actos que ha realizado no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución, los estatutos de autonomía u otras leyes. Este mecanismo se tiene que activar "dentro de los dos meses siguientes al día de la publicación o comunicación de la disposición, resolución o acto", según se explica en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En el requerimiento "se especificarán con claridad los preceptos" que invaden competencias.
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Esto puede suponer una dificultad, porque en el caso de Castilla y León, mientras el vicepresidente Juan García-Gallardo, de Vox, ha dicho que hay un protocolo y que obligará a los médicos a ofrecer escuchar el latido del embrión a las mujeres que quieran abortar, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, niega que haya protocolo ni que vaya a ser obligatorio para nadie.
El órgano requerido, en este caso la Junta de Castilla y León, tiene un mes para responder. Puede asumir que ha invadido competencias ajenas o rechazar el requerimiento. En este último caso, el paso siguiente para el Gobierno central es plantear un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional.
Al tratarse en este caso del Ejecutivo central el que plantea el conflicto, el Constitucional suspendería de manera inmediata la disposición sujeta a disputa, en este caso, las nuevas medidas de la Junta que afectan al aborto.