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Una persona sospecha que puede haberse contagiado de la COVID-19. Está asintomática pero ha tenido contacto con otras personas que sí han tenido síntomas, así que quiere hacerse la prueba y quedarse tranquila. Por precaución. La sanidad pública no las está haciendo en casos como el suyo, así que llama a un laboratorio privado para ver si puede hacérsela allí. Y sí, no hay problema, le dan cita para hacérsela rápido, al día siguiente. Por teléfono no le piden que lleve un volante médico, aunque luego es probable que se lo pidan. Y tampoco le ponen ningún problema en hacerse las pruebas siendo asintomática. Si paga, se las hacen.
El caso es simulado, la llamada al laboratorio es real. Y en esa llamada, nos dan los precios de las pruebas: "140 euros la PCR, para ver si tiene el virus en este momento, y 60 euros el test serológico, para ver si tiene anticuerpos". La PCR es la que habrán visto hacer con un bastoncillo largo para tomar muestras de la fosa nasal o la garganta, el test serológico es un análisis de sangre. La PCR va con cita previa, explican, la otra no.
“Los test más rápidos son los serológicos, que valen para saber si tienes la COVID-19 activa o si la has pasado. Los positivos tienen una sensibilidad muy alta, del 82%, pero si das negativo, se puede prescribir una PCR después, que es más fiable. Esa prueba se remite a un laboratorio y tiene un coste más elevado”. Lo explica Carlos Rus, presidente de ASPE, la Alianza de la Sanidad Privada Española, que representa a la mayoría de los laboratorios privados de España. Rus asegura que actualmente “se están realizando de 800 a 1000 PCR diarios en laboratorios privados”.
Le preguntamos si esas pruebas se realizan también a personas asintomáticas o sólo a quienes presenten síntomas graves de la enfermedad, que es lo que indican los protocolos de Sanidad. La respuesta no lo aclara: “Si no hay nada que lo justifique, la prueba no debería realizarse”. Determinar si una persona tiene o no síntomas preocupantes y si hay algo que justifique hacerse la prueba, en el caso de la COVID-19, no es tarea fácil. Pero todo hace pensar que el caso citado arriba contradice su respuesta. Y que no será el único. Que una cosa es la teoría y otra la práctica.
"El objetivo es garantizar el uso de las PCR para quien más lo necesite. No podemos permitir que en un periodo de escasez, se utilicen las PCR en grupos poblacionales en los que no van a ser suficientemente eficientes para generar resultados adecuados”. Lo decía este martes el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, en referencia a esta práctica de hacer test de pago a particulares que, en muchas ocasiones, no tienen síntomas de la COVID-19. Hay que “evitar que se haga una PCR cuando la probabilidad de que el resultado sea negativo o positivo sea excesivamente baja. Sabemos que tiene muy poca eficiencia en personas asintomáticas que no tienen ningún cuadro clínico o exposición de alto grado que justifique realizarlas”.
Hasta esta semana, además, los laboratorios privados han estado realizando pruebas sin ninguna directriz que les dijera cómo hacerlo. “Estamos apoyando en la realización masiva de test, que ahora es fundamental, pero hasta ahora no teníamos ninguna norma para ver cómo lo hacíamos. Si ahora nos dicen que con prescripción médica nos parece bien, es muy lógico. Lo normal es que se realice bajo prescripción médica”, explica Rus.
Y acto seguido, explica que han tenido casos de residencias de ancianos, ayuntamientos y empresas que les han pedido pruebas para todo su personal, por ser de riesgo, y se las han hecho. ¿Y ahí había prescripción médica? “Las pruebas siempre vienen avaladas por un médico”, asegura. En el comunicado de la ASPE, lo explican así: “Los centros sanitarios y de diagnóstico de la sanidad privada han actuado bajo criterios de prescripción médica previa, pero también atendiendo circunstancias excepcionales que han justificado la intervención sin prescripción”.
Desde este martes, hay una orden del Ministerio de Sanidad que obliga a que esas pruebas se hagan sólo si lo prescribe un médico. Pero no es lo único. La norma de Sanidad (Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19) afecta a todo el procedimiento de realización de las pruebas.
Porque, con esa orden ministerial, lo que se ha hecho es “poner a disposición de las comunidades autónomas los laboratorios públicos y privados de diagnóstico clínico”. La norma llega un mes después de que se declarara el estado de alarma, con casi 180.000 casos diagnosticados sobre la mesa. La ASPE ha emitido un comunicado en el que apoya la medida: “Es perfectamente razonable actuar de forma coordinada en materia de pruebas diagnósticas”.
Esta orden ministerial regula también una cuestión clave, desde el punto de vista de la salud pública. Obliga a los laboratorios a comunicar el resultado de las pruebas positivas a la autoridad sanitaria competente, es decir, a las consejerías de sanidad de cada comunidad. “Todos los centros, con independencia de su titularidad, deberán notificar a las CCAA los casos de COVID-19 confirmados de los que hayan tenido conocimiento tras la realización de las pruebas diagnósticas”, dice Sanidad.
Simón lo explicaba así: “No podemos permitir que los diagnósticos que se hagan no queden bajo el conocimiento de las comunidades autónomas. Hay que garantizar que los resultados se conocen”.
Pero la pregunta es obvia: ¿Hasta ahora no se estaban comunicando? Es lo que da a entender la orden ministerial, pero si es así, sorprende a los propios implicados en la realización de las pruebas, tanto en los laboratorios públicos como privados.
Víctor Briones, investigador del VISAVET, uno de los principales laboratorios públicos que están realizando PCR desde hace semanas para apoyar a los hospitales, no sale de su asombro: “Los resultados positivos se tienen que notificar siempre. Si hasta ahora dicen que no se hacía, es alucinante. Hay una serie de enfermedades que se tienen que notificar sí o sí. Por ejemplo el sarampión, siempre se tiene que notificar, aunque sólo haya una sospecha. Alucino con que en un laboratorio el resultado se pueda quedar ahí, sin notificar a nadie. Como mínimo, habría que contabilizarlo. Es un tema de salud pública".
Porque hasta este momento, si uno tiene dinero para pagarse las pruebas (60 euros o 200, dependiendo del resultado y de si es una o dos), las paga, se las hace y el laboratorio le notifica el resultado. Pero si el afectado no lo comunica, la cosa no pasa de ahí. Es lo que trata de cambiar la orden de Sanidad. "No notificarlo me parece alucinante”, insiste Briones, catedrático de Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria y uno de los mayores expertos en zoonosis de nuestro país.
Lo que sorprende más todavía es que, al preguntar a los destinatarios de la norma, la patronal de la sanidad privada, ASPE asegura que esto que ahora les ordena Sanidad ya se hacía, y que ahora, lo que se va a hacer es ampliar esa información. “Siempre hemos comunicado los casos positivos, siempre ha sido así, informamos de forma diaria a las comunidades autónomas, pero claro, de lo que no se nos solicita no informamos. Hasta ahora se nos pedía información solo de los positivos pero no del número de test que se hacían, ni de los casos negativos. Se nos tiene que pedir la información, pero si no nos la piden…”, explica Carlos Rus.
El objetivo de Sanidad, ahora, es controlar todo este descontrol. Porque tanto los laboratorios públicos como los privados echan en falta un protocolo de actuación, que no haya habido un protocolo que marque un criterio único y unas directrices claras a la hora de hacer las pruebas. Porque su fiabilidad y sus resultados son clave para conocer la incidencia real de la pandemia en la población, para hablar de cifras reales de infectados, para tomar unas u otras medidas al respecto.
Este martes, Simón explicaba que “las PCR tienen que estar bajo la tutela de Salud Pública. Lo que se busca es controlar todo el uso de las PCR para que sea lo más eficiente posible”. Y ése control, para muchos, llega tarde. “Es como lo de la macro encuesta que han puesto en marcha ahora”, dice Briones, en alusión al estudio de seroprevalencia con el que Sanidad quiere analizar 30.000 hogares que sirvan de muestra para saber qué porcentaje de los españoles puede haber pasado ya la infección. “Esto tenía que haberse hecho al principio. Lo mejor para atajar una epidemia es la detección precoz. Sobre los que tienen, aíslas, y sobre los que no tienen, actúas. Pero esto es un principio básico, algo básico en epidemiología”.