Madrid presiona para que los mayores vuelvan a las residencias o pierdan la plaza

La Comunidad de Madrid presiona para que los mayores que se marcharon por miedo al contagio del covid-19 vuelvan a las residencias subvencionadas con dinero público. Si no lo hacen en 45 días, que empezaron a contar el pasado 21 de junio, perderán su plaza, independientemente de la situación sanitaria que tenga el centro, de si ha tenido casos positivos entre los residentes, o de cómo se haya desarrollado la desescalada desde el punto de vista sanitario. Y eso, porque pese a que la plazas están libres ya que muchos de los familiares sacaron a sus mayores de las residencias en cuanto fue posible, la Administración sigue pagando por contrato a las empresas concesionarias. El dinero llega, aunque nadie reciba esos cuidados.

Así, el Gobierno de Díaz Ayuso ha puesto una fecha para que todos los que se marcharon por miedo al contagio vuelvan a las residencias o pierdan su plaza: 45 días a contar tras el cese del estado de alarma, el pasado 21 de junio. Eso significa que toda persona mayor que no haya vuelto a ocupar su habitación en agosto por miedo a la situación sanitaria en las residencias, perderá su puesto de forma automática y correrá la lista de espera. El plazo, esos 45 días, se corresponden con el tiempo que, de una forma habitual, pueden estar los residentes fuera de los centros de mayores durante un año sin perder sus derechos.

Pero la normativa no está pensada para catástrofes como la vivida en la Comunidad de Madrid con la pandemia del Covid, con las residencias con las mayores tasas de mortalidad de todas las franjas sociales y la denuncia constante de falta de información por parte de los familiares. Es por portavoces de las asociaciones de familiares han reclamado a la consejería de Políticas Sociales que el plazo de esos 45 días empiece a correr al menos cuando haya certeza absoluta de que la residencia en cuestión haya entrado en la “nueva normalidad”.

El debate entre Administración y familiares por estas presiones se dio el pasado 6 de junio, en una reunión a puerta cerrada a la que, según ha podido confirmar este diario, asistieron representantes de los familiares, el consejero Alberto Reyero y la directora de Atención al mayor y Dependencia, Begoña Cortés. Allí, los responsables del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reconocieron por ejemplo que la Comunidad de Madrid no tiene medios para hacer inspecciones efectivas y conocer la situación real de las residencias de mayores que depende de ella. Los portavoces de los familiares le pidieron al consejero que las inspecciones de las residencias sean por sorpresa, efectivas e incluso realizadas por un organismo externo, no vinculado con la consejería de las que dependen y que podría maquillar los datos para no verse afectada por la mala gestión. La respuesta de Reyero, según las mismas fuentes, fue una negativa rotunda a que las inspecciones de las residencias las realice cualquier organismo independiente, sea público o privado.

La visita a los mayores en las residencias fue otra de las primeras quejas planteadas por los familiares, alertados por el deterioro cognitivo que para algunas personas de avanzada edad supone no ser visitados por familiares a los que puedan reconocer ni con los que puedan interactuar de una forma directa. Algo en lo que los responsables de Ciudadanos dejan descansar la responsabilidad en Sanidad, controlada por sus socios de Gobierno del Partido Popular. Además, los portavoces del colectivo de familiares mostraron su desacuerdo con el hecho de que las residencias de mayores tengan un stock de EPI’s y mascarillas solo para cubrir 14 días. Algo que Reyero considera suficiente si no hay rebrotes dentro de los centros.

De la misma manera, los familiares denunciaron ante el máximo responsable de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid que los centros les dan una información muy escasa y a veces nula sobre la salud de sus familiares o de las personas que les rodean. Así, no pueden entrar a los centros, pero tampoco pueden saber lo que sucede dentro. un agujero de opacidad que choca de forma frontal con la transparencia pretendida por la Administración. Según los representantes de las familias, la desinformación es total en todo lo que tiene que ver con la desescalada del Covid-19, con los test realizados a los residentes, con los procedimientos adoptados, con los ingresos de nuevos residentes o con el control sobre las nuevas contrataciones de personal.