COVID-19: diez razones para explicar cómo hemos llegado a esta situación

Durante los meses de marzo, abril y mayo, España fue uno de los países con mayor número de casos de COVID-19 y fallecimientos por esa causa, en proporción al número de habitantes. En este momento, España lidera el número de infectados y de muertes registradas en Europa durante las últimas dos semanas. Ya no hay duda de que nos encontramos inmersos en una segunda ola de la pandemia. La situación es muy preocupante.

En los últimos meses se han publicado dos artículos, en The Lancet y The Lancet Publich Health sobre la necesidad de evaluar de forma independiente la respuesta de España a la crisis de la COVID-19. ¿Por qué España se encuentra en una situación tan mala? ¿Qué se ha hecho mal para liderar el ranking de países con peores datos? ¿En qué hemos fallado?

Las pandemias son muy difíciles de controlar; si no, no serían pandemias. El nivel de incertidumbre ha sido muy alto y, por ello, no ha sido fácil tomar decisiones. Por esa razón, y aunque ha habido y hay responsables de lo ocurrido, no queremos hacer aquí una crítica incisiva a posteriori para buscar culpables, sino valorar lo que ha pasado para prepararnos ante futuras oleadas y evitar que vuelva a pasar.

En momentos de crisis, el liderazgo es un elemento clave. Los líderes deben tender puentes, propiciar consensos, integrar a personas y grupos diferentes en pos de un objetivo común. Actuando con flexibilidad, el líder debe rodearse de los mejores, con independencia de su ideología, porque el objetivo es la salud, la seguridad y el bienestar de todos. España ha carecido de ese liderazgo a lo largo de esta crisis.

Ha habido una evidente falta de coordinación entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas. De la centralización total del estado de alarma se ha pasado al “sálvese quién pueda”. Los virus no saben de fronteras, por lo que, en un estado descentralizado como el nuestro, debe compatibilizarse de forma inteligente el principio de subsidiariedad con la necesaria coordinación entre las diferentes administraciones: estatal, autonómica y municipal.

Para tomar decisiones bien fundadas se necesita contar con el mejor conocimiento disponible. Por ello, un liderazgo efectivo exige que todas las decisiones sean informadas por un comité científico multidisciplinar. Esto no quiere decir que solo se tengan en cuenta elementos científicos; también deben considerarse otros.

Pero la responsabilidad última ha de ser de quien las toma, esto es, de las autoridades competentes para ello. Muchos responsables políticos de diferentes niveles han confundido de forma interesada el supuesto soporte científico de sus decisiones con consideraciones de carácter político y económico. Esa confusión debe desaparecer; la mejor garantía para ello es que los informes en que se basan las decisiones sean públicos y estén al alcance de todos.

El mejor conocimiento disponible exige, por supuesto, contar con los datos que dan cuenta de la situación en cada momento. Pero durante estos meses la gestión de datos ha sido caótica. Sin contar a tiempo con métricas, indicadores y umbrales claros, no se puede gobernar una crisis como esta. La coordinación en este punto también ha sido muy deficiente.

Es fundamental conocer el número de fallecidos, casos con síntomas, asintomáticos, porcentajes de PCR hechas con resultado positivo, otras pruebas, tipos de contagios, número de rastreadores, datos de atención primaria, hospitalizaciones, gravedad, por edades, sexo, procedencia, movilidad, etc. Y todos esos datos han de ser públicos, porque el escrutinio público es la mejor garantía de que se hace un buen uso de ellos.

La pandemia no es un problema político, sino comunitario. Pero desde su comienzo se ha utilizado como arma arrojadiza en el enfrentamiento partidario. Y de esa confrontación, el único beneficiado ha sido el virus. La crispación política alimenta la polarización, lo que conlleva que la ciudadanía se alinee con los suyos y renuncie a evaluar sus actuaciones de forma crítica.

Además, incrementa la confusión en relación con la adecuación de las medidas propuestas o sus posibles alternativas, lo que acaba socavando la credibilidad de aquellos a quienes se atribuye su paternidad (los expertos) y, por supuesto, también de los responsables políticos. La gravedad de la situación exige que se alcance un pacto de estado de amplia base en materia de salud, investigación, educación y economía.

Para que la población asuma ciertas medidas, sobre todo si conllevan limitación de libertades o un alto coste, es fundamental que se entiendan las razones por las que se toman. Y para eso hay que explicarlas con claridad, especificando su base científica, por un lado, y los bienes que se pretende preservar, por el otro.

Aunque se han ofrecido numerosas y extensas ruedas de prensa, las explicaciones han sido confusas y, en más de una ocasión, han dado pie a pensar que no se estaba diciendo la verdad. Sobre todo cuando se ha incurrido en contradicciones entre los mensajes transmitidos en momentos diferentes. No olvidemos que la verdad inspira confianza y ayuda a perseverar. La comunicación debe tener en cuenta los miedos y preocupaciones de la gente, para poder dar respuesta a esas emociones. De otra forma se alimenta la infodemia de la que se nutren bulos y negacionismos.

El confinamiento tuvo un efecto devastador, no solo en la economía sino también en el ánimo y la salud mental de la población. Era necesario no solo salvar la vida sino también el medio de vida. Sin embargo, el proceso de desescalada fue muy rápido. La proximidad de la temporada estival hizo que se priorizasen el ocio, las vacaciones y el turismo, sin tomar las precauciones debidas (control de fronteras y cuarentenas, por ejemplo).

Las restricciones solo se deberían haber levantado en su totalidad tras haber asegurado un sistema sanitario robusto y seguro, cuando se hubiera dispuesto de sistemas de diagnóstico eficaces y estuvieran ampliamente implantados, y cuando se dispusiera de un sistema eficaz de detección, rastreo y aislamiento de los posibles brotes.

Cada vez que se han producido brotes o se ha constatado un crecimiento peligroso de la incidencia de la COVID-19, se ha tardado en reaccionar y cuando se ha hecho, con timidez. La razón de la demora ha sido, seguramente, el deseo de no dañar el tejido económico pero, paradójicamente, esa forma de actuar ha agravado la propia situación económica.

Por otro lado, la burocracia y el marco normativo han contribuido a retrasar la aplicación de medidas que ya se iban a poner en práctica demasiado tarde. Es necesario habilitar las herramientas jurídicas y administrativas necesarias para poder tomar decisiones de urgencia en aras del interés común.

Los recortes tras la crisis del 2008 debilitaron el sistema de salud. Durante el estado de alarma, el foco se puso en las camas y UCIs hospitalarias. Pero los déficits de personal asistencial han sido palmarios. Es necesario, por lo tanto, reforzar las plantillas del personal sanitario. Es fundamental poner ahora el foco y actuar en salud pública y atención primaria para, de esa forma, reducir el número de las personas que han de ser hospitalizadas.

Especial atención se debería tener también con los servicios de pediatría y geriatría. Todo esto conlleva la necesidad de incorporar más personal y de hacerlo lo antes posible. Un sistema sanitario tensionado al límite tiene consecuencias que van mucho más allá de la propia COVID-19: retrasos en otros diagnósticos y tratamientos, calendarios alterados de vacunación infantil, etc., con el consiguiente reguero de pérdida de salud y de vidas.

El sistema de diagnóstico, rastreo y aislamiento ha sido y aún es, a todas luces, insuficiente. En proporción al número de habitantes, hemos tenido muchos menos rastreadores que otros países europeos. Nos enfrentamos a uno de los peligros más insidiosos y difíciles de controlar: un virus nuevo para el que la población no tiene inmunidad previa, que se transmite muy fácilmente por vía respiratoria, que puede ser transmitido antes de la aparición de los síntomas e incluso por personas asintomáticas. No se puede controlar la pandemia sin saber dónde está el virus. En estas condiciones el diagnóstico, detección de los infectados, rastreo de los contactos y aislamiento de los posibles brotes es fundamental para contener la extensión de la pandemia.

Sin embargo, ha habido indolencia a la hora de montar equipos de diagnóstico y rastreo de la capacidad requerida. Algunas Comunidades Autónomas ha llegado a pedir voluntarios para esta actividad, y otras han acabado por recurrir al Ejército. La aplicación móvil de alerta de contagios Radar COVID, que puede ayudar en la labor, ha llegado tarde y todavía hoy no está plenamente instaurada en todo el estado.

Nada de lo dicho pretende quitar un ápice de responsabilidad a los individuos. Pero las conductas personales, aunque puedan merecer reproche, son difícilmente regulables mediante decisiones administrativas. Lo que ha ocurrido en España durante el verano de 2020 ha sido un gran fracaso colectivo. Estamos a tiempo de corregir el rumbo y volver a aplanar la curva, sin incurrir en costes inasumibles en términos económicos y sociales. De todos depende, pero muy especialmente de quienes tiene la responsabilidad política.