España no necesita la vacunación obligatoria tras la inmunización masiva de los jóvenes

Todos los mayores de 80 años están vacunados contra la covid en España. Según el último informe de vacunación del ministerio de Sanidad, son el único grupo poblacional que está inmunizado en su totalidad. Más del 92% de los españoles mayores de 40 años están también vacunados. Los porcentajes bajan a medida que se desciende en edad, y los menores de 12 a 19 años alcanzan el 45% de inmunizados, aunque con una sola dosis hay un 76% de personas. Es decir, que es cuestión de tiempo que se alcance, al menos, un 76% de menores de edad (hasta 12 años) inmunizados. Con este nivel de aceptación de la vacuna contra la covid, obligar a pinchársela es, para los expertos consultados, innecesario.

Amós José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, opina que "si una cosa funciona bien, más vale no tocarla. Si revisamos las encuestas de meses anteriores a la llegada de las vacunas, un porcentaje amplio de los ciudadanos era reacio a ser vacunado inicialmente. Conforme han ido llegando estos productos y se ha ido constatando que son seguras y que los efectos secundarios que pueden presentar son los esperados y ya detectados en los ensayos clínicos, la adherencia a la vacunación ha aumentado exponencialmente".

Son muy pocos los que han optado por no vacunarse, y según Amós García, "ahí está una de las claves principales: educar. Si no hacemos esto, y además sancionamos económicamente a estos ciudadanos, estaríamos contribuyendo a generar resistencias a la vacunación".

Una opinión con la que coincide el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón, que ha aseverado este verano que, además, establecer medidas obligatorias "te quita armas para usar si es necesario en un futuro".

"Obligar a los adultos a vacunarse siempre tiene que ser el último recurso. En países democráticos la obligación es compleja, desde el punto de vista legal y ético, y puede llegar a ser contraproducente", dice Salvador Macip, médico e investigador de la Universidad de Leicester y la UOC. "Es mucho mejor invertir los esfuerzos en campañas de concienciación. Con las vacunas de la covid se ha visto que, si el ciudadano tiene claro que son seguras y necesarias, no hay reticencias a la hora de vacunarse. Siempre habrá una parte de la población imposible de convencer, lo que se trata es de que sea lo más pequeña posible", afirma.

Fernando García, de la Sociedad de Epidemiología, reconoce que el concepto de inmunidad de grupo permite que siempre haya una reserva pequeña de personas que no se vacunan y se benefician del resto que sí ha recibido las dosis. "Es lo que se llama un aprovechado, un polizón o un gorrón en términos más coloquiales. El que se cuela en el metro o en el autobús y se beneficia del viaje sin pagar. Y hay personas que conciben el no vacunarse en esos términos", precisa.

No obstante, para este epidemiólogo y responsable del grupo de Ética y Protección de Datos de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) la vacunación no es la única vía de control y siempre ha de ir acompañada de medidas no farmacológicas como la distancia social, la mascarilla, el lavado de manos y en casos más complejos la cuarentena de los contactos estrechos y el aislamiento.

Obligar a los sanitarios a vacunarse contra la covid "no es un problema real en España" donde menos del 5% no se ha inmunizado. Lo dice García, el coordinador del grupo de ética de la Sociedad de Epidemiología, que apela a no aplicar medidas restrictivas porque "en este país la persuasión funciona".

En una entrevista con Efe, García afirma que en salud pública lo ideal es tomar las medidas menos restrictivas de las libertades individuales "y la menos restrictiva es la persuasión y el convencimiento".

García considera que el debate sobre la obligatoriedad de la vacunación a los sanitarios es un "problema importado" de países como Francia donde un tercio de los profesionales de la salud ha optado por no ponerse las vacunas contra la covid. Además, en España faltan datos "certeros" de cuántos profesionales no se han vacunado (aunque los porcentajes que barajan están entre el 1 y el 5 por ciento) y saber hasta qué punto la bolsa de trabajadores sanitarios no inmunizados afectó a la trasmisión del virus a las personas que atienden, añade.

Y si resulta, dice, "que estamos hablando de un problema que no está ocasionando problemas es que no existe el problema". Sin embargo el epidemiólogo Oriol Mitjà,en una entrevista a RAC1, ha apostado por la vacunación “obligatoria” para profesores y sanitarios que estén en contacto con personas vulnerables. "Es inconsciente que un hospital ponga en riesgo a sus pacientes porque tiene un médico, una enfermera o un auxiliar sin vacunar", alerta Mitjà.

"No es posible instaurar la vacunación obligatoria, la salud es un derecho, pero no una obligación", contesta el profesor de Derecho Constitucional Carlos Flores Juberías a la pregunta de si el Gobierno puede establecer la obligatoriedad de la vacuna en lugares de especial "sensibilidad", como una residencia de ancianos. Para este jurista de la Universidad de Valencia, el problema jurídico es que la vacunación conlleva una intervención corporal, es decir, afecta a lo más estricto de nuestra intimidad, y por tanto no se puede imponer desde un Gobierno, sino que "tiene que ser validada por un juez".

Víctor Vázquez Alonso, también profesor del ramo, en la Universidad de Sevilla, sí cree que se puede hacer: "El límite es el derecho de la integridad física. Pero a veces ese límite puede ceder. Siempre y cuando se den las razones adecuadas y se argumente", explicaba a NIUS en este artículo.

Vázquez Alonso considera que probablemente no haría falta ni autorización judicial y añade que, además, si los tribunales hablaran tendrían que tener "deferencia" ante las autoridades sanitarias que estarán debidamente asesoradas. Para él, la clave está en el armazón legal que se utilice, probablemente, la ley de 1986 que permite la adopción de medidas extremas en caso de pandemia, incluidas las vacunas obligatorias, aunque no las menciona expresamente.

Los dos juristas ponen como pieza clave la "proporcionalidad", aunque sus conclusiones son diferentes: