El familiar de Sevilla que se niega a vacunar a un anciano puede perder su tutela, según la Fiscalía
El familiar ha pedido que no se le administre por no estar en plenas facultades para decidir por sí mismo
La Sección de Personas Mayores y de Protección de Personas con Discapacidad de la Fiscalía de Sevilla ha recibido el caso y ha abierto un procedimiento judicial
La regla general es vacunar a todo el mundo salvo que sea una causa justificada en la que exista un informe médico
Sin duda, la llegada de la vacuna contra la Covid-19 ha sido una de las mejores noticias que nos ha dejado este 2020. Sin embargo, son muchos los que aún se muestran escépticos ante este fármaco y no están convencidos ni de su eficacia ni de su administración.
Las residencias de mayores y sus trabajadores han sido los primeros en recibir esta vacuna por ser los más vulnerables ante el virus, pero eso no ha impedido que siga habiendo rechazo a la inyección y que los familiares de estas personas mayores hayan mostrado su recelo o dudas ante posibles reacciones adversas.
Este ha sido el caso de un anciano de una residencia de Sevilla, cuyo familiar ha decidido que no se le administre la dosis por no estar en plenas facultades para decidir sobre su vacunación por sí mismo. La Sección de Personas Mayores y de Protección de Personas con Discapacidad de la Fiscalía de Sevilla ha recibido el caso y ha abierto un procedimiento judicial para que sea el juez quien decida sobre este hecho.
“Una de las funciones del tutor es velar por la salud de su tutelado”
Norberto Sotomayor, fiscal delegado de Personas Mayores, insiste en que son cuestiones que se deben resolver “jurídicamente”. Así, informa que la regla general es vacunar a todo el mundo salvo que sea una “causa justificada” en la que exista un informe médico en el que se asegure que la persona tiene alguna incompatibilidad de salud con la vacuna.
Si los familiares que tienen la tutela del mayor "no se convencen" y el criterio médico es que no hay "ninguna incompatibilidad" para esas vacunaciones, los primeros se exponen a "perder la tutela de la persona" en el caso de que la tengan y de que el asunto llegue a la vía judicial.
"Estamos hablando de que el tutor debe velar por la salud del tutelado, por lo que en un caso extremo se puede desencadenar una remoción de la tutela judicial, aunque eso es poner el parche antes que la herida. Pero esa persona está representando a la otra y si lo hace mal, el tutor no está actuando correctamente", ha indicado Sotomayor.
Debido a las dudas que genera esta vacuna en algunas personas, están seguros de que este no será un caso aislado, sino que habrá más personas reticentes a administrar la vacuna a sus mayores. Por ello, Sotomayor ratifica que no puede ser un familiar o un tutor el que decida a quién se pone la vacuna por su propio pensamiento o ideología, sino que debe haber un criterio médico que lo refunde. "Cuando una persona carece de capacidad para tomar decisiones nos encontramos con lo que se llama el consentimiento por representación", explica el fiscal quien añade que debe siempre velar por la salud de su representado.
Encontramos dos casos diferenciados, por un lado, si la persona mayor no se encuentra en capacidad para decidir sobre su administración los sanitarios deben ponérsela. Por otro lado, si la persona tiene criterio suficiente, puede decidir si inyectársela o no, como el resto de ciudadanos.
“Cuando nos encontremos con estos tipos de casos habrá que analizarlos uno a uno y la autoridad judicial será la que decida en última instancia”
Hasta este momento solo hay constancia de que se haya producido esta negativa, pero desde las residencias temen que la tendencia continúe y que haya más casos como este. “Cuando nos encontremos con estos tipos de casos habrá que analizarlos uno a uno y la autoridad judicial será la que decida en última instancia”, admite Sotomayor. Y es que la situación vivida en estos centros durante este año 2020 ha sido muy dura, tanto para residentes como para trabajadores, que han visto cómo se morían los ancianos que vivían en ellas.
“Una de las funciones del tutor es velar por la salud de su tutelado”, indica el fiscal que insiste en que si la persona responsable del anciano, en este caso, con discapacidad no está realizando correctamente su labor pueden llegar a relegarlo de este ejercicio.
En Sevilla han fallecido desde el mes de marzo 341 personas en residencias de mayores, algo que se multiplica en la media nacional. Este es el motivo por el que se ha comenzado a vacunar por estos centros y por lo que desde las residencias como desde fiscalía no entienden que pueda haber negativas a salvar vidas.