El gobierno cierra filas contra el confinamiento domiciliario e insiste en que hay que esperar

El gobierno cierra filas en torno al confinamiento domiciliario que plantean algunas comunidades y ni una voz se alza para apoyarlo. Todos los ministros y altos cargos siguen la misma línea cuando se les pregunta por un encierro en las casas para frenar el avance de la covid-19: "por ahora no, hay que esperar". Con frases como "rotundamente no", de Salvador Illa, o "no adelantemos fases" de la vicepresidenta Carmen Calvo el gobierno ha marcado la línea de la que nadie se sale.

Este martes el discurso del ejecutivo lo ha apuntalado la portavoz, María Jesús Montero. En su rueda de prensa semanal posterior al Consejo de Ministros ha insistido en que hay que esperar al 9 de noviembre. Un día que no es casual, sino que es en el que se cumplen dos semanas de la entrada en vigor de las últimas restricciones -sobre todo el toque de queda- y en el que se podrán reflejar sus efectos en la cifra de contagios. "Habrá que ir adoptando las medidas en cada momento, pedimos contundencia por parte de las comunidades autónomas para evitar situaciones de mayor dimensión o profundidad. Deseamos, confiamos, que las medidas de los últimos días tengan un reflejo en los indicadores epidemiológicos que se expresarán esta semana y durante las próximas semanas", ha explicado.

El mismo mensaje ha trasladado este martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al Gobierno de Asturias, una de las comunidades que junto a Melilla y Ceuta han pedido el confinamiento domiciliario para frenar la expansión de la pandemia.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha pedido "dar margen" a las nuevas medidas contempladas en el estado de alarma aprobado la semana pasada para comprobar si es eficaz en el control del gran alza de los contagios de covid-19, con el objetivo de evitar el confinamiento domiciliario.

En rueda de prensa este martes, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad no ha descartado ir a un confinamiento duro, pero ha instado a ser "comedido". "Descartar nunca se va a descartar ninguna medida, pero tenemos que ser comedidos. No podemos poner todas las medidas cuando la situación no lo requiere. Tenemos que dar la capacidad a las medidas para mostrar su efectividad o no", ha señalado.

Simón ha reconocido que hay muchas comunidades autónomas con un porcentaje de ocupación de sus camas de UCI que se encuentran "muy al límite", pero ha puntualizado que "las características de los casos son diferentes" a las de marzo y abril. "Ahora mismo, la gran mayoría no ha tenido que suspender una gran parte de la actividad programada de los hospitales. Desde el punto de vista asistencial, la situación empieza a ser crítica, pero no estamos en una equivalente a la de marzo y abril", ha argumentado.

Aún así, el experto ha advertido de que el incremento del número de casos "va a generar una situación complicada" en la presión hospitalaria. En este punto, ha informado de que la incidencia acumulada en 14 días en el conjunto de España es "muy alta", con 527 casos por 100.000 habitantes, lo que coloca a nuestro país en el puesto número 16 a nivel europeo. Ante estos datos, Simón ha alertado de que los fallecidos van a seguir aumentando "aunque se consiguiera controlar la transmisión" en los próximos días, ya que pasan unos 7 días entre el inicio de la subida de casos y su traslación al número de muertes: "Los fallecidos se observan siempre una semana después de que los datos empiecen a acumularse".

María Jesús Montero, por su parte, ha recordado que el decreto de estado de alarma nombra a los presidentes autonómicos autoridades delegadas para aplicar las medidas en vigor, referentes a la restricción de la movilidad o cierres perimetrales. El Gobierno considera que estas decisiones pueden dar resultados en los próximos días y por tanto insiste en esperar.

"Ahora los indicadores apuntan que las medidas que hemos ido adoptando hay que dejarlas proseguir para ver qué impacto real tienen. El Gobierno ni descarta ni confirma en el futuro otras medidas", ha reconocido haciendo hincapié en el "trabajo conjunto" entre el Ejecutivo y las autonomías. En cualquier caso, ha pedido no caer en la "especulación" y transmitir a los ciudadanos la "tranquilidad" de que las medidas se adoptan basándose en criterios científicos y técnicos, de manera "coordinada" entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades.

El presidente de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), el de Ceuta, Juan Vivas (PP), y el de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), han solicitado ya al Gobierno central aplicar un confinamiento domiciliario en estas regiones ante la evolución de la pandemia. Por el momento, el Ejecutivo central se ha negado a decretar esta medida y pide esperar hasta el 9 de noviembre para valorar las restricciones anteriormente impuestas en toda España.

Por su parte, Castilla y León y Castilla-La Mancha están estudiando esta medida. En el caso del gobierno que dirige Alfonso Fernández Mañueco, en la comparecencia de este martes en la que ha anunciado el cierre de gran parte de la actividad económica no esencial, no ha hecho referencia al confinamiento domiciliario, si bien su consejera de Sanidad, Verónica Casado, veía hace unos días "inevitable" volver a esta norma. En Castilla-La Mancha tienen "encima de la mesa" esta propuesta, aunque creen que es importante esperar a ver los resultados de las medidas anteriormente decretadas en la región.

La cuestión saldrá a relucir, casi con seguridad, en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este miércoles, presidido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y en el que participan los consejeros del ramo de las distintas comunidades autónomas. La reunión tendrá lugar en la tarde del miércoles 4 de noviembre y está previsto que en ella se analice la eficacia de los confinamientos de siete días.

Se trata de una medida establecida en el estado de alarma vigente para los confinamientos perimetrales y que la semana pasada defendió el propio Illa, quien aseguró que la duración mínima de siete días que establece el estado de alarma vigente para los confinamientos perimetrales "es la adecuada" para garantizar su eficacia. Además, el ministro señaló que para que las medidas que se van aplicando tengan efecto, tienen que tener una duración mínima de tiempo. "Vamos a debatir y a escuchar, a ir todos juntos, eso es muy importante", recalcó, en referencia a la reunión que va a mantener este miércoles con los consejeros autonómicos.