El Gobierno valenciano veta el acceso de cargos públicos a residencias para evitar las vacunaciones irregulares

Los recientes casos de los alcaldes de El Verger, Els Poblets o Rafelbunyol entre otros, que fueron vacunados irregularmente cuando las primeras vacunas llegaban a las residencias de ancianos de sus municipios, han provocado la reacción inmediata del gobierno valenciano que a través de una circular enviada por la Conselleria de Igualtat a los ayuntamientos de la región y a las residencias, recuerda que está prohibido el acceso a estos centros de mayores a cualquier persona no autorizada, incluido los cargos públicos.

De esta forma, tratan de evitar, en primer lugar, nuevos brotes entre las personas más vulnerables internadas en residencias, más aún en un momento en el que la tercera ola está en pleno aumento de la curva de casos. “Estamos en el peor etapa de la pandemia y existen unas estrictas medidas sanitarias que hay que cumplir en las residencias de la tercera edad. No es de recibo que entren a estos centros cargos políticos, cuando los familiares tienen muy restringido el acceso”, señalan a NIUS desde la Conselleria de Igualtat.

Con esta circular, pretenden también acabar con las vacunaciones irregulares de cargos públicos, como ocurrió con varios alcaldes y concejales que aprovecharon sus visitas a los centros cuando llegaron las primeras vacunas para inocularse la primera dosis. Irregularidades que han generado la indignación de buena parte de los ciudadanos y que ponen en duda los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias para realizar la vacunación de la población.

Apertura de investigaciones

La Conselleria de Igualtat ha abierto varias investigaciones para determinar lo sucedido en todos los casos conocidos, no solo por las vacunaciones irregulares, también por el acceso a los centros de mayores, para determinar las correspondientes responsabilidades. En este sentido, desde Igualtat recuerdan que entrar a una residencia sin la autorización correspondiente está tipificado como falta grave y puede acarrear una multa de hasta 30 mil euros.

De esta forma, también se trata de poner freno a la búsqueda de la foto de muchos cargos públicos que en estos días intentan obtener rédito político vinculando su imagen con las vacunaciones en residencias y al personal sanitario.