La desescalada: media España comienza a abrir y la otra media presiona para rebajar el confinamiento

La desescalada entra en una semana decisiva a partir de este lunes. La mitad del país se beneficia ya de la relajación de las restricciones de la fase 1 y la otra mitad presiona para avanzar hacia esa misma fase que le permita, aún de forma incipiente, ir recuperando la movilidad y la actividad económica que sufrieron un brusco parón hace ya nueve semanas, las que lleva en vigor el estado de alarma.

La lenta vuelta a lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha dejado de denominar como ‘nueva normalidad’ es ya una realidad para el 51% de la población española, la que vive en los territorios que han pasado los criterios sanitarios y asistenciales exigidos por el Ministerio de Sanidad para permitir el paso a la fase 1. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura, Murcia, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla pasan completas, en otras comunidades autónomas como Cataluña, Castilla La Macha, Castilla y León, Andalucía y la Comunidad Valenciana sólo entran en la fase 1 algunos territorios y Madrid, aunque presentó su informe el jueves, permanece en la fase 0 al no cumplir con los requisitos del Gobierno relativos a su capacidad de detección temprana del virus y capacidad asistencial en la atención primaria. La lista completa de territorios que pasan este lunes a fase 1 está detallada en un documento que puede consultarse aquí.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, enfatizaba con vehemencia el pasado sábado que no se debe plantear la desescalada en términos de aprobados o suspensos, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, volvía a apelar este domingo a la “prudencia” como única guía para la toma de decisiones. Sin embargo, las quejas y las acusaciones al Gobierno de trato desigual entre comunidades autónomas no han tardado en llegar por parte de algunos de los presidentes autonómicos que no han visto satisfechas sus peticiones de desconfinamiento.

En la conferencia telemática de los domingos del presidente Sánchez con los presidentes autonómicos, Juanma Moreno y Ximo Puig levantaron la voz para pedir una revisión de sus informes y que Sanidad autorizará el pase a la fase 1 de los territorios que Sanidad no autorizó el viernes.

Esa revisión no se va a producir. Lo confirmó, tras la reunión de presidentes autonómicos con el Gobierno, en rueda de prensa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Aunque aseguró que conforme evolucione la epidemia y, según lo pidan las diferentes comunidades, realizarán las valoraciones pero siempre en base a los nuevos datos.

Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, apuntaba a que no se puede "forzar el ritmo" para avanzar en fases porque esto podría costar muy caro en vidas humanas "y en el ámbito económico y social". Y advertía a las CCAA que no se llegará antes "por correr de forma precipitada". "Es importante mantener lo conseguido y no echar por tierra el proceso", zanjaba.

En juego está la reapertura de la economía de algunas de las zonas mas pobladas del país, especialmente de Madrid y Barcelona, motores de la actividad económica pero al mismo tiempo grandes centros urbanos donde los contagios son más difíciles de detectar y de evitar.

Andalucía y Valencia en contra de la decisión de Sanidad

“Lealtad no es sumisión” advertía el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, tras las reunión con Sánchez. Puig considera que "no se ha justificado la decisión del Ministerio con criterios técnicos” con respecto a su comunidad autónoma.

Asegura que los valencianos han hecho los deberes y que se puede comprobar en cualquier estadística. Por eso pidió la revisión de su informe y por eso ha decidido hacer público el texto de 234 páginas que remitió a Sanidad y en el que solicitaba el paso a la fase 1 de toda la Comunidad Valenciana.

Puig ha reclamado a Sanidad una respuesta por escrito que justifique la decisión del ministerio que, ha lamentado, sólo le ha dado como explicación una frase: “factores asociados a la transmisión del virus”, para denegar el paso de fase de los territorios de la Comunidad Valenciana que seguirán este lunes en fase 0.

Alguna explicación adicional daba el domingo el director del Centro de Coordinación de Emergencias del Minsterio de Sanidad, Fernando Simón, que apuntaba que en la Comunidad Valenciana "había un número no desdeñable de casos sospechosos a los que todavía no se les había podido hacer un test diagnóstico”.

Sin embargo, Para Puig, "lo que no se puede es cambiar las reglas del juego a mitad partido" y ha exigido saber "con claridad" los criterios que se exigen para cambiar de fase. "No se trata de criticar a Simón ni a nadie pero sí explicitar la necesidad de transparencia”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, considera "difícil de entender" que distritos sanitarios como la Costa del Sol, con 1,6 casos confirmados por PCR por cada 100.000 habitantes, no pueda pasar a la fase 1 cuando distritos sanitarios con incidencias mucho más elevadas sí lo han hecho.

Moreno ha criticado al Ejecutivo, además, por la “penalización" que, a su juicio, sufre Andalucía en el reparto de fondos.

No ha sido el presidente andaluz el único que han quejado por el reparto económico. Algunos como el presidente de Cantabría, Miguel Ángel Revilla, han criticado que se use un criterio de número de habitantes para el reparto, otros, como el propio Moreno, López Miras y Puig piden priorizar la población; Page, el gasto sanitario; Armengol, la caída de ingresos; y Torra, que no se cambie.

Sin embargo, y según ha precisado este domingo la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, los criterios de reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros que anunció el presidente del gobierno el pasado 3 de mayo, no están fijados aún.

La Portavoz del Gobierno explicó que el fondo se dividiría en tres tramos y avanzó que se distribuiría en función de "parámetros objetivos basados en los gastos ocasionados por el Covid-19" conforme a la información que hayan remitido las comunidades autónomas.

El complicado paso de Madrid a la fase 1

El informe de Madrid a Sanidad llegó tarde. El ministerio lo esperaba el miércoles pero el gobierno regional lo entregó el jueves por la noche en medio de una tormenta política que desembocó en la dimisión de la directora general de Salud Pública de la Comunidad y en una reorganización de la consejería de Sanidad con la creación de una nueva viceconsejería.

El gobierno regional afirma que Madrid esta preparada para pasar a fase 1, pero Sanidad considera que la comunidad autónoma aún no dispone de los mecanismos necesarios para la detección temprana del virus ni del personal suficiente en atención primaria.

Este domingo, la presidenta de la Comunidad volvía a pedir al presidente del gobierno el paso de fase en la desescalada para reactivar la economía de una región que concentra el 60 por ciento de las grandes empresas y que es el "motor económico" para que todos los demás sigan funcionando".

Para obtener el sí, el gobierno regional ha puesto sobre la mesa la contratación de 650 nuevos sanitarios para la atención primaria y ha anunciado la construcción de un nuevo hospital de mil camas para tratar las epidemias este mismo otoño, según relataba la presidenta madrileña en una entrevista concedida al diario El Mundo.

"650 nuevas incorporaciones puede ser suficiente”, decía este domingo el director del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, pero matizaba: “tenemos que valorarlo con la Comunidad de Madrid porque tampoco sé exactamente en qué puestos y qué labores van a desempeñar".

Las discrepancias entre el Ejecutivo central y la Comunidad de Madrid han pasado de lo técnico a lo político en los últimos días, hasta tal punto que Díaz Ayuso se ha quejado directamente al presidente de una campaña en redes del PSOE que criticaba la gestión del Madrid en al pandemia.

El consejero de Interior, Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, pedía el domingo en una entrevista concedida a La Sexta "menos espectáculo y más trabajo", y reiteraba que será en esta semana cuando el Gobierno de la Comunidad solicite de nuevo pasar a la fase 1 de la desescalada "para que sea efectiva el día 18”.

López ha asegurado que Madrid podrá suplir en 24 horas el "déficit" en Atención Primaria por el que el Gobierno de España rechazó su propuesta para pasar a la fase uno este lunes.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, criticaba este domingo el "oscurantismo" con el que a su juicio el Gobierno central decide qué provincias pasan de fase en la desescalada de las medidas de restricción del coronavirus.

Semana decisiva para comprobar si ha funcionado el confinamiento

Esta semana, la novena desde el inicio del confinamiento, será decisiva para ver qué evolución ha seguido la epidemia desde la suavización de las medidas del 4 de mayo, cuando se nos permitió empezar a salir para pasear y hacer deporte y comenzó una mínima apertura comercial.

Esta semana, los datos diarios de contagios se vuelven más relevantes porque cualquier aumento hará saltar las alarmas ante un posible rebrote y frenará los planes de desescalada.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, volvía a hacer hincapié en la cautela este domingo y recalcaba la importancia de la responsabilidad de los ciudadanos para cumplir a rajatabla las medidas de sanidad y autoprotección.

La responsabilidad personal va a ser clave ahora que en las zonas en fase 1 reabren comercios, hostelería, se permite la movilidad dentro de la propia provincia y se permiten reuniones de hasta 10 personas en casas y locales.

El estado de alarma en la cuerda floja

La semana que ahora comienza también es decisiva para el mantenimiento del estado de alarma que ya dura nueve semanas y que el Gobierno defiende como única herramienta constitucional para una desescalada ordenada.

“No es un capricho”, decía este domingo la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, es el instrumento legal "más garantista" que tiene la Constitución para restringir derechos fundamentales de los ciudadanos.

No opina lo mismo el PP que se abstuvo en la votación de la semana pasada en el Congreso. El presidente de los populares, Pablo Casado, ha acusado a Sánchez de queres mantener “poderes excepcionales” mediante el mantenimiento del estado de alarma y ha dicho que existen hasta seis leyes en vigor que permitirían controlar la movilidad y organizar la desescalada.

El Gobierno ganó la última votación gracias al apoyo del PNV y de Ciudadanos, pero esta semana se abre un periodo de negociaciones complejas para el Ejecutivo que, todo apunta, intentará renovar el estado de alarma dentro de 15 días.

Este domingo, la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha asegurado que no habló con el exdirigente del partido Albert Rivera sobre el apoyo al Gobierno en la prórroga al estado de alarma, pero ha insistido en que coincide con él en que dicho régimen excepcional no se puede "eternizar" hasta que se encuentre la vacuna.