Moncloa defiende las medidas contra los rebrotes ante la anulación judicial de las restricciones impuestas en Madrid
En un comunicado, el Gobierno apunta que "las medidas contenidas en la declaración son proporcionales al objetivo pretendido y se basan en la legislación de salud pública"
El Gobierno defiende la legalidad de las medidas consensuadas el pasado viernes con las Comunidades Autónomas, entre ellas las restricciones al consumo de tabaco en vías públicas y al cierre del ocio nocturno. Moncloa ha salido al paso con un comunicado, tras el auto judicial conocido este viernes contra varias restricciones adoptadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Moncloa recuerda que el pasado viernes día 14 de agosto el Consejo Interterritorial del SNS (del que forman parte el Ministerio de Sanidad y las CCAA) acordó por unanimidad de todas las comunidades y ciudades autónomas la declaración de una serie de actuaciones coordinadas en salud pública con el objeto de seguir controlando la pandemia.
Tras ese acuerdo, el Ministro de Sanidad aprobó una orden que se notificó a las CCAA, destinatarias de dichas actuaciones y las que deben adaptar el ordenamiento en su ámbito territorial para darle cumplimiento. El contenido de dicha declaración fue difundida públicamente en un ejercicio de transparencia.
El Gobierno entiende que "los instrumentos jurídicos que emanen de las comunidades y ciudades autónomas en cumplimiento de la declaración son vinculantes para los ciudadanos y por tanto es preciso que se publiquen oficialmente".
El comunicado señala que "las medidas contenidas en la declaración son proporcionales al objetivo pretendido y se basan en la legislación de salud pública que permite este tipo de actuaciones. Esta legislación habilita a la autoridad sanitaria competente a adoptar una serie de medidas cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad".
Moncloa concluye señalando que "en este caso, la adopción de las medidas previstas en la declaración corresponde a las comunidades autónomas, requiriéndose la autorización o ratificación judicial exclusivamente para las medidas que impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental".