¿Por qué se permitió la concentracion de los negacionistas anti mascarillas?

Este lunes, después de ver las imágenes de tres mil personas en la Plaza de Colón, de Madrid, sin mascarilla, abrazándose, tocándose y sin respetar ninguna distancia de seguridad, algunos políticos de la oposición, y no pocos usuarios de las redes sociales se han preguntado por qué no se prohibió la protesta anti mascarillas de este domingo en la Plaza de Colón. Convocada, además, para 48 horas después de la decisión de aumentar las restricciones, obligando a llevar la mascarilla en todos los lugares públicos y prohibiendo, por ejemplo, el humo del tabaco en las terrazas tras los rebrotes que están sacudiendo a todo el país. 

La respuesta a esa pregunta del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que es el que tiene competencias para impedir este tipo de eventos,  ha sido clara: "Los convocantes habían garantizado las medidas de distanciamiento y prevención necesarias" y habían asegurado que "habría personas con carteles para recordarlo" por lo que no se vio motivo para impedirlo.

Además, "en la convocatoria oficial", ha señalado Franco,  "no se reivindica la oposición a la mascarilla", según las palabras del delegado. Franco ha explicado que sí se hablaba de otras quejas "como la instrumentalización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y similares, pero "no había rechazo a la mascarilla", ha señalado el delegado del Gobierno. 

Lo cierto es que la convocatoria en redes sociales sí tenía como eje central el "no al bozal", que es como llaman los negacionistas a la mascarilla. Ya antes de la celebración del evento, que tuvo variaciones horarias, había debate en esas redes y numerosas críticas, concentradas en gran medida en torno al cantante Miguel Bosé, que la promocionó y lleva días haciéndose eco de distintas teorías de la conspiración relacionadas con el coronavirus. 

Así que, públicamente, el acto sí estaba convocado como una protesta anti mascarillas. A eso se ha agarrado el acalde de Madrid, José Luis Martínez - Almeida, para reprochar a Franco que no prohibiera la protesta, asegurando que, si la protesta era contra las mascarillas era fácil adivinar que "iba a ser sin mascarillas". Pero según Franco eso no es lo que se encontró la delegación del Gobierno al recibir la notificación de la protesta y no se encontraron motivos para prohibir un derecho fundamental como el de reunión o manifestación.

El delegado del Gobierno también ha explicado que se decidió no dispersar a los manifestantes, por el riesgo que podía conllevar que se comenzaran a distribuir por calles de Madrid después de haber estado en estrecho contacto con otras personas, algunas de las cuales podrían estar infectadas, en un momento en el que hay una gran cantidad de asintomáticos detectados. 

Las manifestaciones no se autorizan

Franco, además, ha recordado que la Delegación del Gobierno no autoriza concentraciones o manifestaciones. Un derecho fundamental, que sólo se prohíbe por causas muy justificadas. En su mano habría estado prohibirla, pero el departamento consideró que las medidas de protección propuestas estaban bien planteadas. 

De haberla prohibido, los convocantes podrían haber recurrido ante la Justicia, que también suele eludir ser restrictiva con el derecho de reunión, porque los motivos tienen que estar bien argumentados. De hecho, en plena desescalada tras el estado de alarma, la Justicia echó para atrás hasta nueve convocatorias que habían sido prohibidas por distintas delegaciones del Gobierno para otras tantas manifestaciones convocadas por Vox contra la gestión del Gobierno en la pandemia. 

En aquella ocasión se trataba de manifestaciones dentro de coches y en esta no, pero se habían garantizado todas las medidas, según el delegado del Gobierno. 

Otra prohibición, aunque en esa sí coincidieron el Gobierno y la Justicia, fue la convocada por la Falange para el día dos de mayo. La prohibición fue por razones sanitarias.

El calvario del 8-M

José Manuel Franco pasó, en pleno estado de alarma, por un calvario judicial tras ser denunciado en un juzgado de Madrid por no prohibir otra manifestación, la que conmemoraba el día de la mujer trabajadora el día 8 de marzo. 

El procedimiento se inició con una denuncia por lesiones imprudentes, que fue rápidamente archivado, al no demostrarse relación directa entre el hecho de ir a una manifestación y contagiarse por coronavirus. 

Sin embargo, siguió adelante la investigación por el delito de prevaricación contra el delegado del Gobierno. Se trataba de saber si había decidido "de forma injusta y a sabiendas" permitir la concentración que había sido apoyada por el Gobierno. 

El caso fue un ir y venir de informes; desencadenó una crisis en el Ministerio del Interior por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por su gestión de un informe en que la Guardia Civil afirmaba que se debió impedir la marcha; decenas de testigos fueron llamados al despacho de la jueza Carmen Rodríguez Medel que a su vez se vio cuestionada; el propio Franco declaró en calidad de investigado; y finalmente el caso se archivó.  

El argumento para el archivo fue que no había indicios de que el delegado del Gobierno hubiera recibido instrucciones o recomendaciones sobre la inconveniencia de celebrar manifestaciones. 

¿Y ahora qué?

Ahora va a haber una investigación policial. Los agentes que estuvieron presentes en la protesta anti mascarillas identificaron a una treintena de personas y ahora se va a intentar detectar a tantos infractores como sea posible, porque lo ocurrido es "inaceptable y gravísimo". 

Todavía está por ver si las sanciones son por "desobediencia o incumplimiento", y afectarán, por supuesto, a los convocantes, que comunicaron el acto a título individual, sin aportar ningún tipo de filiación política o asociativa. 

Los negacionistas creen que la enfermedad no existe, que las mascarillas no sirven de nada y actúan como si la pandemia no hubiera existido. Poner en práctica ese convencimiento podría suponerles ahora hasta 30.000 euros de multa.