Le quitan el tratamiento para la esclerosis por tener más de 55 años: “Esto es peor que el diagnóstico”

Teresa ya no puede caminar sin la ayuda de un andador, tampoco tiene fuerzas para sostener cosas en sus manos. Si alguien le pregunta qué comió el día anterior, necesita diez minutos para recordarlo. Padece esclerosis múltiple y, desde febrero, la consume a pasos agigantados.

Fue entonces cuando dejó de recibir el tratamiento de Ocrelizumab que se le estaba administrando desde hacía dos años. El motivo: su edad. El argumento esgrimido por la Junta de Andalucía es que este medicamento sólo se puede financiar a los menores de 55 años.

“Ha sido como darle la vida y luego, quitársela”, explica a NIUS Alejandro, su yerno, que sostiene que la Junta incurre en una contradicción. Porque Teresa, que ahora tiene 62 años, ya superaba la edad permitida cuando comenzó con el tratamiento que, durante dos años -cuatro dosis-, ha conseguido frenar una enfermedad que es incurable. “Estaba funcionando muy bien. Se encontraba mucho más ágil y activa. Dejarla sin la medicación ahora ha sido peor que cuando le dijeron que tenía esclerosis", asegura.

Un auténtico mazazo para una familia que asiste impotente a las consecuencias de esta patología que agravan, día a día, el estado de salud de Teresa. “Es muy frustrante ver que la solución está ahí y no se la dan por un trámite burocrático”, se lamenta Alejandro que no se resigna, dice, a que solo se puedan salvar los ricos.

Teresa, que vive en la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera, no tiene otra opción ya que el coste del Ocrelizumab es inasumible para ella: cada dosis ronda los 8.000 euros y son necesarias cada seis meses. “Estamos dispuestos a pedir un crédito o lo que haga falta pero es que no es suficiente. El problema lo tendríamos cada año”, se lamenta su yerno.

Es, además, el único medicamento aprobado para el tipo de esclerosis múltiple que padece Teresa, la primaria progresiva. La alternativa, el llamado Rituximab, no es específico para su caso. “Nos han dicho que no se sabe qué efectos secundarios puede tener y que sería bajo nuestra responsabilidad”, señala Alejandro, que aclara que tampoco éste le ha sido suministrado.

“Nos sentimos abandonados por la administración y estamos intentando, por todos los medios, que el criterio se revierta", defienden, argumentando que el Real Decreto regulador (RD. 1015/2009, artículo 13) permite hacer una excepción con casos como el de Teresa en el que no existe otro tratamiento específico como alternativa.

Desde la Junta de Andalucía mantienen el criterio de que es competencia del Ministerio de Sanidad estipular qué tratamientos se financian y cuáles no y que esta norma es de obligado cumplimiento para todos los centros sanitarios públicos. Una versión que contradice el propio Ministerio que niega que se haya desfinanciado ningún medicamento por parte de Sanidad y que cuando se produce una retirada de algún tratamiento se debe siempre a un criterio médico.

Mientras las administraciones se lanzan la pelota, el tiempo corre en contra de esta enferma de esclerosis que ya ha recogido casi 100.000 firmas de apoyo en la plataforma change.org. Teresa no se resigna a ser una paciente a la deriva en la sanidad.