Illa pide "medidas más drásticas" pero deja el toque de queda en manos de las autonomías


Illa se reúne con las comunidades este jueves para acordar nuevas medidas contra el coronavirus
Madrid fue la primera región en proponer un toque de queda, pero después se ha desmarcado de esa idea
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha abogado por adoptar "medidas más drásticas" ante la segunda ola de coronavirus que afecta a España y al resto de Europa, y ha vuelto a apelar a la responsabilidad de la población: "Hay que tener respeto al virus, esto va en serio", ha dicho.
"Estamos a las puertas del invierno, cuando la actividad se realiza en el interior, donde hay más riesgo de contagio", ha explicado al advertir de que aunque haya vacunas disponibles a partir de diciembre o principios de 2021 aún quedan "cinco o seis meses duros".
En cuanto a la situación en Madrid, Illa ha explicado que se barajan otras opciones de restricción de la movilidad alternativas al estado de alarma que decae el sábado. El ministro considera "superadas" las situaciones extremas de las localidades madrileñas confinadas, pero ha pedido "no bajar la guardia".
Entre esas medidas, Illa no ha aclarado su posición sobre el toque de queda y se ha manifestado a favor de escuchar las solicitudes que planteen las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de esta tarde. El Gobierno central sigue contemplando que sean las autonomías las que decidan las medidas que se deben aplicar en su territorio y el nuevo sistema de alertas que se espera aprobar hoy no incluirá restricciones automáticas, sino que las decisiones siempre quedarán al criterio de las autoridades regionales.
El ministro de Sanidad ha formulado estas valoraciones durante una entrevista en Onda Cero, horas antes de la reunión del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud en el que deben acordarse nuevas medidas con las comunidades autónomas. Varias se han mostrado abiertas a la posibilidad de un toque de queda, pero Madrid, la primera en plantear la idea, se desmarca ahora de ella, aunque la presidenta Isabel Díaz Ayuso apunta a un cierre en determinadas franjas horarias de las actividades relacionadas con el ocio juvenil y las reuniones privadas que están en el foco de esta segunda ola.
El Gobierno (y también juristas consultados por NIUS) sostiene que para impulsar un toque de queda es necesario que la comunidad autónoma solicite el estado de alarma, un anatema para el Partido Popular madrileño.
Medidas centradas en la actividad noctura
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso aprobará este viernes las medidas con las que sustituirá el estado de alarma en vigor en la región, que expira este sábado. Ayuso quiere limitar la actividad nocturna (de la medianoche a las seis de la mañana) sin recurrir a un nuevo estado de alarma. Para ello confía en su sistema de limitar las restricciones a las zonas básicas de salud y se plantea también parones nocturnos en el transporte público.
En la reunión de esta tarde entre Sanidad y las comunidades autónomas se prevé sacar adelante un sistema de baremos uniforme para todas las comunidades que indique en qué condiciones hay que elevar el nivel de riesgo y aplicar restricciones de manera progresiva. Entre ellas, podría estar el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 22.00 horas cuando se dé una situación de riesgo extremo.
A ese nivel se llegaría, según las primeras versiones del borrador de Sanidad que han trascendido, cuando se cumplan tres de las siguientes condiciones:
- Parámetros de transmisión del virus
- una incidencia de 250 casos en 14 días por cada cien mil habitantes;
- una incidencia de 125 casos en una semana (es decir, que la transmisión lleve dos semanas en ascenso);
- que esa incidencia en la franja de edad de mayores de 65 años sea de 150 y 75, respectivamente;
- una positividad de las pruebas diagnósticas superior al 15%;
- una trazabilidad inferior al 10% (es decir, que sólo se conozca la cadena de contagio en uno de cada diez casos o menos);
- Parámetros de capacidad asistencial
- cuando más del 20% de camas de planta y el 25% de uci estén ocupadas por pacientes de covid.
Para ser necesario declarar el riesgo extremo en un territorio de más de diez mil habitantes sería necesario cumplir dos condiciones del primer grupo de parámetros y una del segundo.