La batalla de la Semana Santa deja a Madrid aislada frente al resto de comunidades, incluidas las del PP

Las posiciones parecen claras. Las comunidades autónomas están a favor de limitar la movilidad en Semana Santa. Todas, menos Madrid.

La Comunidad dirigida por Isabel Díaz Ayuso, del PP, ha sido la única que ha votado en contra del acuerdo alcanzado por la Comisión de Salud Pública el jueves. Un documento que tendrá que ser ratificado por el Consejo Interterritorial el próximo miércoles.

El texto acordado contempla como principales medidas:

"No estamos de acuerdo ni en el cierre perimetral, ni en bajar de 23 a 22 el toque de queda ni en reducir las terrazas de 6 a 4 personas por mesa, es un retroceso para las medidas actuales que tiene Madrid", aseguran fuentes del Ejecutivo autonómico a NIUS.

En la actualidad, la comunidad no está cerrada perimetralmente, el toque de queda es a las 23:00, una hora más tarde, y las mesas de las terrazas pueden juntar hasta seis personas.

Tras anunciarse el acuerdo de la Comisión de Salud Pública, la presidenta madrileña ha expresado su rechazo en redes sociales. "No puede ser que el mismo Gobierno que convocó elecciones en Cataluña con peores datos, ahora cierre así España estando mucho mejor", ha escrito en Twitter.

La dirigente popular vuelve a echar un pulso al Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque esta vez en solitario. Una batalla que guarda ciertas similitudes a la del pasado mes de octubre, poco antes del puente del Pilar, cuando la capital logró echar por tierra las medidas aprobadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Entonces, se propusieron acciones coordinadas de Salud Pública para hacer frente a la segunda ola de la pandemia. Medidas para cerrar las ciudades de más de 100.000 habitantes con altas tasas de incidencia acumulada que fueron rechazadas no solo por Madrid, también por Galicia, Murcia, Andalucía y Ceuta, todas ellas del PP; y por Cataluña.

Al final, el Gobierno central tuvo que imponer en Madrid el estado de alarma para cerrar perimetralmente la comunidad antes del puente del Pilar. La diferencia es que ahora el estado de alarma ya rige en todo el territorio nacional. ¿Es entonces suficiente para obligar a Madrid a cumplir lo acordado por Sanidad y el resto de comunidades autónomas?

El estado de alarma vigente desde el 25 de octubre, aborda las entradas y salidas de cada comunidad, pero deja la decisión en manos de las comunidades autónomas.

Las prohibiciones de entrada o salida "serán eficaces cuando la autoridad competente delegada respectiva lo determine, previa comunicación a Sanidad...", reza el texto.

Un texto que también recoge la posibilidad de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adopte acuerdos, aunque no especifica si estos deben adoptarse por unanimidad para que sean vinculantes.

NIUS ha consultado a tres juristas si la decisión que apruebe el miércoles el Consejo Interterritorial de Salud es, como dice Carolina Darias, "de obligado cumplimiento". Todos creen que el Gobierno sí tiene competencia para imponer la medida a Madrid, aunque tienen más dudas si la imposición viene del Consejo Interterritorial, tal y como ahora la está planteando Sanidad.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Presno, explica que "el Consejo Interterritorial no puede, por sí, imponer algo a una comunidad autónoma". Sin embargo añade que el órgano, dirigido por la ministra de Sanidad, "puede ejercer su competencia exclusiva de coordinación sanitaria" por el que puede imponer una medida de protección para todas las comunidades, si hay una mayoría que lo refrenda. Presno esgrime este argumento en razón del artículo 149 de la Constitución, que dice que el Estado tiene competencia exclusiva para la "coordinación general de la sanidad".

Por su parte, Víctor Vázquez Alonso, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, sí cree que es de "obligado cumplimiento". Porque la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público especifica que los acuerdos que se adopten en "la Conferencia Sectorial", tendrán que ser cumplidas por todas las Administraciones que la integran "con independencia del sentido de su voto". Es decir, que es suficiente con la mayoría. Además, añade que en esto, da igual que estemos en estado de alarma o no. "Es indiferente", responde a NIUS.

Su compañero de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, apunta un "pero". La aparente contradicción entre dos leyes que vienen al caso, una exige mayoría, la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, que es de 2015, frente a otra de 2003 que exige "consenso", es decir, unanimidad o que al menos no haya votos en contra. Aunque Vázquez Alonso considera que pesa más la ley que sólo exige mayoría, porque es posterior y deroga las normas anteriores, aunque sean leyes especiales como la de 2003.

En cualquier caso, Agustín Ruiz Robledo reclama claridad a la hora de determinar cómo deben ser las decisiones del Consejo Interterritorial para que estas sean vinculantes y para que, como dice Darias, sean de "obligado cumplimiento".

La enésima batalla política de Madrid con el Gobierno a cuenta de las restricciones para atajar la pandemia puede, incluso, no llegar a producirse porque si el resto de comunidades autónomas permanecen cerradas, dará igual que la capital mantenga sus fronteras abiertas.

Todo ello se decidirá en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de la próxima semana. Un encuentro en el que no se descartan sorpresas. Canarias, por ejemplo, anunció el jueves que descarta el cierre perimetral del archipiélago durante la Semana Santa. "Con los datos actuales, no es previsible que se acuerde el cierre, aunque eso no quita que sí se puedan adoptar restricciones adicionales a las que están en vigor", dijo el portavoz del Gobierno socialista, Julio Pérez.