El responsable de la clínica en la que Silvia se sometió a una cirugía estética antes de quedar en coma niega cualquier negligencia

Silvia Idalia quería reducirse el pecho y decidió hacerse una cirugía estética. "La clínica le ofreció un 'tres en uno': reducimos mamas, quitamos grasa y transmitimos esa grasa al glúteo por un módico precio", cuenta Daniel Poyato, su pareja. El 29 de abril entró en un quirófano y desde una semana después la mujer se debate entre la vida y la muerte. A sus 34 años permanece en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital La Paz de Madrid. Llegó en una ambulancia del Samur después de sufrir un fallo multiorgánico. "Es difícilmente reversible. Ojalá pudiera volver a estar bien. Pero lo veo muy complicado", ha lamentado el abogado de la familia, Francesc Jufresa, ante los medios de comunicación que esperaban a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. El Juzgado de Instrucción número 46 ha comenzado a tomar declaración a los responsables de la clínica CEME donde le practicaron la intervención, por un presunto delito de lesiones por imprudencia grave.

Dos de ellos estaban citados a declarar a las once de la mañana. El primero ha sido José Manuel Arévalo, quien se define en su página web como cirujano plástico y estético, con más de 25 años de experiencia. Se ha negado a responder a las preguntas de la acusación. El magistrado quería escuchar su versión y también la de otra de sus asistentes. Ha solicitado que le presentaran los informes de todos los tratamientos que ha recibido su paciente.

Arévalo ya había sido condenado en el año 2011 por la Audiencia Provincial de Madrid a pagar 78.085 euros de indemnización a una mujer por los daños que le causó al hacerle una liposucción. Entonces el doctor trabajaba en el centro de Estética Manzana 14 de la localidad de Getafe.

Informes médicos

Silvia acudió a la clínica VOT situada en la calle San Bernabé número 13 y se sometió a una triple intervención: reducción de pecho, liposucción y transferencia a glúteos. Al día siguiente recibió el alta, aunque sufría fuertes dolores. A partir de ahí todo fueron complicaciones. Su pareja la llevó tres veces a consultas y le realizaron algunas pruebas, pero determinaron que se encontraba dentro de los parámetros normales y le pidieron que regresara a su casa.

"Esperamos y deseamos que se diga la verdad y se pueda saber cómo se ha llegado a producir un resultado tan brutal de una intervención que en principio debería ser normal y liviana. Y sobre todo cómo puede darse una actitud de abandono tan manifiesta cuando una persona está sufriendo, como ha pasado en este caso", ha dicho su letrado. Otro de los investigados es un facultativo al que la familia de la víctima se refiere como Víctor. Visitó a Silvia el día 30 de abril y figura en uno de los informes.

El magistrado había dado un plazo de cinco días para que los distintos centros que atendieron a la paciente aportaran el historial clínico completo de Silvia. La documentación debía incluir el seguro postoperatorio contratado por la perjudicada, los informes de las operaciones y los resultados de todas las pruebas que le realizaron cuando acudió a urgencias. "Lo que a mí me molesta es que no están llegando todos los informes y las pruebas. Y esto se lo vamos a poner de manifiesto al juez. ¿Por qué? Pregúntaselo a quienes lo tenían que haber hecho llegar cuando les llegó el requerimiento", critica el letrado de la familia, que cree que pudo haber una mala praxis durante la operación o un seguimiento inadecuado durante el postoperatorio, con un resultado desproporcionado y contrario al fin perseguido por la perjudicada.