‘Todo por un selfi’: peligros y sanciones por el ‘turismo de desastres’ en zonas de emergencias

Buscan un fondo espectacular para hacerse una fotografía o grabar un vídeo, con el objetivo de generar más visitas en sus redes sociales. Además, suman el riesgo añadido de acceder a lugares prohibidos después de una catástrofe. Una moda que puede suponer un peligro y acarrear multas a los responsables. Desde el 112 de la Comunidad Valenciana alertan: "Una emergencia no es lugar para hacer turismo ni hacerse un selfi". Piden a los ciudadanos que no acudan a las zonas quemadas de los incendios forestales de Bejís y Vall d'Ebo (Castellón) porque supone una temeridad. "Los incendios no están aún controlados, puede producirse un rebrote inesperado y el suelo es inestable", han recordado en un Twitter.

Las autoridades piden prudencia. Ya ocurrió en el volcán de La Palma. Cientos de turistas acudieron a las zonas destruidas por la lava para captar imágenes insólitas. Además dio la vuelta al mundo la historia de cuatro podencos que quedaron atrapados en medio de la colada y que fueron rescatados por el llamado 'Equipo A'. La Guardia Civil acabó identificando a los implicados, que fueron denunciados por una infracción grave a la ley de seguridad ciudadana.

También lo vimos con Filomena. Las redes sociales se llenaron de imágenes de personas que ponían en peligro sus vidas para ganar más likes o más visitas en sus perfiles y tener una oportunidad para convertirse en influencers.

Es lo que hizo el pasado 3 de agosto una joven portuguesa, que publicó en Tik Tok un vídeo bailando en una terraza mientras había un incendio detrás. Unas horas después colgó en la plataforma otra secuencia en la que mostraba a un vecino con una manguera mojando toda la zona para impedir que el fuego alcanzara su vivienda. Esta usuaria con más de 250.000 seguidores consiguió que ambos vídeos se hicieran virales, aunque obtuvo cientos de comentarios criticando su actitud por lo que la autora terminó borrándolos.

Según se contempla en el artículo 45 de la ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, pueden ser consideradas infracciones graves "en las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes".

Estas imprudencias ponen en peligro a los protagonistas de estas acciones pero también a los servicios de emergencias que tengan que acudir en su ayuda y pueden ser sancionadas con una multa de entre 1.501 y 30.000 euros.