Cuáles son las penas por agredir a un policía


Los artículos 550 a 556 del Código Penal regulan el delito de atentado contra la autoridad
Los sindicatos policiales piden endurecer las penas por agresión y amenazas contra los agentes y funcionarios
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El delito de atentado contra la autoridad consiste en agredir u oponer resistencia grave a la autoridad, los agentes o los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Desde los distintos sindicatos policiales, así como asociaciones de la Guardia Civil, han pedido en numerosas ocasiones que se endurezcan las penas por agresión y amenazas a agentes de autoridad.
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Las razones señalan a que en los dos últimos años, los agentes sufrieron 23.137 agresiones (6.231 a guardias civiles y 16.906 a policías nacionales). Sin mencionar las agresiones y amenazas que sufren los funcionarios de prisiones, los cuales no son considerados agentes de autoridad.
Pero, ¿cuál es la pena por agredir a un agente?
El delito de atentado contra la autoridad es la agresión o grave oposición de resistencia (con intimidación grave o violencia) a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones.
Se regula en los artículos del 550 a 556 del Código Penal y se castiga con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.
No obstante, desde la Asociación Española de Guardias Civiles exigen que “se tomen medidas para evitar que los guardias civiles continúen siendo el saco de boxeo al que todo el mundo puede golpear porque las consecuencias penales son irrisorias: multas que la mayoría de las veces no se pagan por insolvencia del agresor o, si hablamos de las protagonizadas por turistas, ni se presentan en los juicios”.
Asimismo, por parte de la Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncian las amenazas, insultos, calumnias e injurias a los que se enfrentan los agentes a diario. Estas también son agresiones y coacciones para que no desempeñen adecuadamente su trabajo. Por ello, reclaman también que “se agraven las penas por agresiones a los agentes y que se refuerce su protección jurídica”.