Le okupan el piso e instalan una alarma: "Me dijeron que no la podía quitar porque la pagaron ellos"

En lo referente a las okupaciones, hay historias surrealistas propias de película. Es el caso de Manuel Coleto, a quien una pareja ocuparon su piso de Mataró en Barcelona para vivir en él de forma ilegal y hacer la vida imposible a sus vecinos. Y, por si no fuera suficiente, instalaron una alarma de seguridad en su propia casa para evitar ser expulsados. Una sorpresa mayúscula agravada por la respuesta de la empresa: "Me dijeron que no la podía quitar porque la pagaron los okupas".

La pesadilla, tal y como se refieren los vecinos, empezó hace seis años, cuando Manuel acordó alquilar sin contrato su piso de soltero a Juan Carlos, un conocido que, sin embargo, dejó de pagar, según explica. El afectado intentó hablar con ellos y encauzar la situación, pero hoy reconoce que "no son personas que admitan el diálogo". Desde entonces, vive él con su pareja y dos perros, aunque sospechan que sus dos hijas también viven allí: la situación en el interior de la vivienda era tan caótica que ni permitía saber quién vivía en ella.

El sinvivir en este bloque mataronense contaba con un amplio abanico de opciones: ruidos, amenazas, peleas y agresiones a vecinos, fiestas, cortes de luz, robos, venta y consumo de drogas... "Van tan puestos, que hacen sus necesidades en la escalera", critica un vecino anónimo que, tras años tratando de convivir en el edificio, desistió y abandonó el bloque con su pareja, después de que esta recibiera una agresión. "Me han intentado pegar incluso con la policía delante, los agentes tan solo me decían que lo único que podía hacer era meterme en casa", lamenta.

De hecho, la falta de respuestas inmediatas y efectivas por parte de las autoridades es un elemento común en la mayoría de okupaciones. "La justicia se pasa la bola unos a otros, la policía dice que no puede hacer nada, el Ayuntamiento se lava las manos, Salud Pública ha venido varias veces a pedirles que limpien, no solo por nuestra salud, sino también por la suya y la de sus perros; así seis años".

Una situación que ha llevado a gran cantidad de vecinos a marcharse. Precisamente, las dos únicas familias que quedan en el bloque se lo están planteando, según este afectado.

Después de mucho tiempo esperando su oportunidad, Manuel la encontró. Se enteró por las redes sociales de que los okupas no estaban en la casa, sino que estaban disfrutando de unas vacaciones en Ibiza después de instalar la alarma. "Es muy fuerte que una empresa de seguridad ponga alarmas en casas okupas: no preguntan si eres propietario, inquilino o de quién es la casa", lamenta Manuel, que asegura haber enviado a la empresa, Securitas Direct, las escrituras de la propiedad.

Consultada por este diario, la empresa asegura que la Ley de Seguridad Privada 5/2014 de 4 de abril no exige ningún contrato de alquiler ni las escrituras de la casa para dar de alta un servicio de este tipo. Tan solo datos como el DNI o el número de cuenta en la que domiciliar el cobro. Además, fuentes de Securitas Direct insisten en que, después de recibir el aviso de Manuel, sus trabajadores pidieron a los okupas un contrato u otro documento que justifique que viven de forma legal en el domicilio. Pasadas las 48 horas, desactivaron el servicio el 12 de agosto, pero no retiraron la alarma.

Sin ser consciente de ello ni saber que la empresa ya no alertaría a la policía al haber desactivado el servicio, este mataronense irrumpió en su propia casa, rompió la alarma cuando sonó, cambió la cerradura y tapió el piso. "Decidí hacerlo, decidí recuperar lo que es mío, lo que debí haber hecho hace mucho tiempo". Él no pensó solo en arrebatar el piso del que es propietario a los conocidos que se convirtieron en okupas, sino también en acabar con el "sufrimiento" de sus vecinos.

Sin embargo, lo que se encontró en el interior no fue muy alentador: insalubridad, pintadas en las paredes, baldosas retiradas, colchones tirados por el suelo, restos de comida, puertas retiradas... Un destrozo apreciable en las imágenes que Manuel comparte y que le ha llevado a lamentar que "el piso está para tirar". 

Ahora, Manuel podría enfrentarse a dos paradójicos presuntos delitos de coacciones y allanamiento de morada si los okupas lo denuncian, según explica. Así se lo advirtieron los Mossos d'Esquadra, al asegurar que el uso de la fuerza es una competencia única del Estado y que él no puede acceder a su casa en estas circunstancias. Preguntado por ello, el afectado por el movimiento okupa concluye: "Si he cometido algún delito y el juez lo ve así... yo al final, lo tienes que hacer así, no queda otra".