Pagaba a un clan gitano para vigilar bloques en La Mina: inhabilitado un regidor que contrató ilegalmente a 'Los Manolos'
La administración pagaba a Visegurity, empresa pantalla que transfería dinero a otra vinculada al clan gitano, según la Audiencia de Barcelona
El patriarca, con un gran poder en este barrio degradado por las drogas colindante con Barcelona, colocó carteles para generar miedo y evitar ocupaciones
Algunos pisos albergaron plantaciones de marihuana en 2017 y el mismo concejal, Juan Carlos Ramos, fue detenido por su presunta vinculación
Golpe judicial contra la connivencia entre administraciones y clanes gitanos por la vigilancia de obras en Barcelona. La Audiencia Provincial ha inhabilitado durante nueve años a un regidor del municipio de Sant Adrià de Besòs que contrató ilegalmente a 'Los Manolos' para que vigilara unos pisos sociales del conflictivo barrio de La Mina. El juez ha considerado probado que el socialista Juan Carlos Ramos, al frente de Ciudadanía y Servicios a las Personas, pagó para ello a un patriarca que, de hecho, ha pactado con la fiscalía y ha aceptado los hechos.
Durante el juicio, tanto el jefe del clan, conocido como 'el Tío Cristina' o 'el Tío Ángel', como José Fernández Franco, alias 'el Trompeta', administrador de la empresa de seguridad Belaan, declararon que Ramos les hacía pagos en metálico a través de Visegurity, que ejercía como empresa pantalla y con la que tenía el contrato firmado: Visegurity cobraba del Consorci del Barri de La Mina y pagaba Fernández, que a su vez entregaba el dinero al patriarca a través del concejal. El jefe del clan y el administrador han sido condenados a dos años y tres meses de inhabilitación por atenuante de confesión, mientras que el cuarto acusado, Joaquín Ramírez, administrador de Visegurity, debe cumplir siete años de inhabilitación, también por un delito de prevaricación administrativa.
Asimismo, la forma de vigilar los bloques era igual de irregular. De hecho, el clan colgó carteles con su símbolo para provocar miedo y evitar ocupaciones o robos mientras los pisos no fueran adjudicados; también ponía 'vigilantes' a merodear la zona durante jornadas diarias de 12 horas por 800 euros al mes. Atendiendo a lo declarado por algunos mossos, 'Los Manolos' tienen mucho poder en el barrio, daba trabajo a gente con pocos recursos y en exclusión y chantajeaba al Consorci, participado al 50% por el Ayuntamiento y por la Generalitat y cuyo objetivo es el desarrollo económico y social del marginal barrio, castigado por las drogas y las actividades delictivas.
En 2012, el Consorci adjudicó contratos de vigilancia de bloques a empresas de varios clanes gitanos del barrio, pero el Sindicat Independent de Professional de Vigilància y Serveis de Catalunya lo denunciaron por infracción de la normativa de seguridad privada, por lo que el Departament de Interior sancionó a dos empresas que no estaban autorizadas. Después de una nueva advertencia de la conselleria en 2016, Belaan, que ya había recibido este tipo de encargos de la administración, contactó con Visegurity para que fuera la adjudicataria final. Finalmente, ganó la licitación para vigilar los bloques entre abril de 2016 y mayo de 2017 y actuó como empresa pantalla a favor de 'Los Manolos'.
Según la fiscalía, Visegurity cobró 153.000 euros del Consorci y transfirió a Belaan 41.000 euros, que se quedaba con una comisión y transfería el resto en metálico al regidor para que pagara al clan gitano.
El concejal fue detenido en una operación antidroga
La investigación, no obstante, se remonta a 2017, año en el que los Mossos d'Esquadra desmantelaron una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en La Mina y que comportó la detención del mismo Juan Carlos Ramos y de nueve investigados más por su presunta vinculación.
La policía catalana entró en varios de estos pisos sociales que, estando vacíos, gastaban mucha electricidad: albergaban en su interior plantaciones de marihuana. Fue así, además, como los agentes descubrieron los carteles del clan gitano y la presencia de vigilantes no autorizados. Posteriormente, intervinieron los teléfonos del grupo y destaparon las irregularidades en la adjudicación de los contratos.
Mientras que entonces Ramos (que quedó en libertad con cargos el mismo día de su detención) dimitió de sus cargos relacionados con el conflictivo barrio, esta vez asegura que recurrirá la sentencia y reivindica su puesto como responsable de las áreas de Deportes y Cultura, aunque el PSC mantiene suspendida su militancia.