La lentitud burocrática en Italia pone en peligro los fondos de la UE

Hace tan solo unos días, en Domingo de Pascua, el primer ministro italiano Mario Draghi concedía una larga entrevista al periódico Corriere della Sera. Entre los temas más importantes, habló de la crisis energética y de las últimas noticias sobre la guerra, valoró también la situación económica que vive Italia y en qué punto se encuentran los fondos de recuperación de la UE, protagonistas durante el 2021 y ahora un poco desdibujados tras la escalada del conflicto. Pero son, sin embargo, una pieza fundamental para el futuro de los países europeos tras la pandemia y, más aún, con la ralentización económica que trajo la guerra.

Ahora Italia, tal y como explicaba Draghi, acaba de recibir el segundo paquete de financiación: 21 mil millones de euros vinculados a unas reformas y a unos proyectos, enviados en diciembre, que fueron avalados por la UE y a los que Italia tiene que responder ahora en la práctica con unos claros márgenes de calidad y tiempo. Llegar puntuales es fundamental para que Bruselas responda positivamente y continúe el proceso de financiación para la recuperación de Italia, una de las primeras beneficiarias de estos fondos. Draghi tendrá que hacer frente a un sistema burocrático italiano con una gran lentitud intrínseca y a una política a la que le cuesta ponerse de acuerdo.

Junto con la llegada de los 21 mil millones de euros, 10.000 son subvenciones y 11.000 préstamos, llegó también el mensaje de Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, de agradecimiento a Italia por su trabajo. El dinero que llega ahora, con un poco de retraso tras lo previsto, responde al trabajo de los últimos meses del 2021 y completa el proceso iniciado con el adelanto recibido el mes de agosto de casi 25 mil millones de euros. Mario Draghi afronta un 2022 decisivo. Tras el trabajo del pasado año de cruzar los datos económicos con los bocetos de las medidas que pretendía poner en marcha, ahora se cierra el círculo y deberá concretar sus ambiciones, las regiones deberán ponerse en marcha y se deberá demostrar que el dinero que llega de Bruselas está siendo invertido convenientemente. Los expertos apuntaban a la idoneidad de los llamados minestrone, los indicadores cualitativos que establecen estos meses las condiciones para los planes futuros. En conclusión: Draghi ha creado las estructuras legales para sus nuevas medidas y lo que hará antes de verano es activarlas.


Antes de junio tendrá que ser entregado a la UE el calendario real de unos 38 proyectos, el resto, hasta 100 según lo establecido, antes de que termine el año. Los dos ministerios más involucrados son los de Transición Ecológica e Infraestructuras. Es un proceso que requiere mucha concreción porque el paquete de medidas del que se habla requiere fases de desarrollo y la implicación de varios agentes locales, nacionales y privados. El experto en macroeconomía Andrea Camilli explica la importancia de las competencias de los pequeños entes locales en los proyectos. “Es importante analizar estas medidas en el ámbito local, ahí se ve el nivel práctico”, añade Camilli.

Muchos ayuntamientos y también desde las propias regiones advierten que no están capacitados para cumplir los tiempos que Bruselas establece para evaluar la utilización de los fondos. El sistema italiano debe demostrar ahora que la puesta en marcha de los proyectos es factible, pero el país peca de una burocracia lenta y agotadora que desmerece o desarticula proyectos útiles que difícilmente llegan en su plazo y forma previstos.

Carlo Valentini, periodista especializado en economía para medios como la RAI o Italia Oggi explica cómo se comienza a saber de las peticiones de algunos ayuntamientos de asumir, por ejemplo, un manager que gestione los tiempos y agilice los procesos como única forma de poder usar verdaderamente los fondos que manda Europa. “Piensa que un pequeño ayuntamiento aún tiene menos recursos que un ente estatal, así que el proceso es aún mucho más lento. Y es ahí donde está la clave del engranaje porque precisamente muchos de los fondos de recuperación europeos van destinados a esos pequeños ayuntamientos y pueblos en Italia”, añade. “Se arriesga, en definitiva, a perder el dinero por no saber qué hacer con él”, finaliza.

Europa sabe de esta realidad y es por eso, paradójicamente, que sus peticiones más exigentes son siempre en ese campo. Por ejemplo el planteamiento de las reformas en el plano de la justicia se orientan a la intención de que Italia reduzca en gran medida la lentitud en la actuación que acaba deteriorando la calidad del poder legislativo. Pedían menos del 25% de los tiempos en procesos penales, menos del 40% en los civiles en un plazo de cuatro años. La ministra Cartabia trabaja en su ministerio en la asunción de nuevas plazas que puedan agilizar los procesos de la justicia italiana y, con el anuncio de los 21 mil millones Draghi hacía saber a mediados de marzo una serie de normas para facilitar la consecución de los 45 objetivos que se prevén antes de verano, para intentar afrontar la fragilidad que deriva de la lentitud del sistema. Concretamente en el mismo tema justicia se establecerá un comité técnico-científico que controlará los tiempos de la misma que “acelerará y simplificará” los procedimientos civiles.

La Comisión Europea es exigente con Italia por el volumen de los fondos que acabará recibiendo. Ursula Von Der Layen insistía en que el país transalpino era el principal beneficiario de estos fondos, que llegarán a 191 mil millones de euros si todo funciona como debería, con la intención de reconstruir un crecimiento económico sostenible a largo plazo.

Para enero de 2023 Italia habrá recibido casi 86 mil millones de euros, el 45% de los fondos europeos de recuperación y los plazos, en todo el engranaje, son fundamentales. Existe la sensación de que el dinero llega pero que falta una determinación más clara sobre en qué gastarlo. A eso se le añade el peligro del desbarajuste de precios que ha traído la guerra, todos los esfuerzos pueden ser en vano si al final las cuentas realizadas en 2021 no coinciden con los precios de este próximo verano en materias primas e infraestructura. La interlocución entre el Gobierno central y las regiones será fundamental y el control de Draghi paso a paso la única garantía para responder a Europa.