Exclusiva: Estos son los documentos que la Fiscalía acusa de falsificar a Medina y Luceño
Las firmas de los tres participantes son idénticas tanto en el documento firmado en septiembre de 2018 como en agosto de 2019
Ante el fiscal, Luceño afirmó que él había firmado los papeles de forma presencial en China
Los dos empresarios entregaron la documentación a los bancos en España para acreditar que las comisiones enviadas desde Malasia por el pelotazo de las mascarillas eran legales.
Se trata de tres juegos de documentos, 15 páginas en total que han sentado en el banquillo a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por un presunto delito de falsificación de documentos, en una operación vinculada al pelotazo millonario que ambos consiguieron con la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. El primer rastro de ellos llegó cuando la oficina de la calle Génova los envió a Anticorrupción. En abril de 2020, el empresario Luis Medina los presentó allí para justificar la legalidad de un fuerte envío de dinero a una de sus cuentas el 31 de marzo: casi un millón de dólares que llegó a un de sus depósitos desde Malasia.
Para acreditar la procedencia del dinero, Medina presentó ante el banco tres documentos distintos, tres contratos y cartas de representación cuyos originales reproduce ahora este diario. Los documentos han sido modificados únicamente para borrar los datos personales de los afectados y para señalar en un recuadro rojo los elementos más importantes que ahora analiza la Anticorrupción, que considera que estos documentos han sido falsificados.
¿Uno de los principales indicios? Que las firmas de todos los documentos son idénticas, pese a que en algunos casos pasaron varios meses de diferencia en su elaboración. En su declaración ante los fiscales en la fase preliminar del caso, Alberto Luceño aseguró incluso que él había firmado en China esos documentos.
El más antiguo data supuestamente de septiembre de 2018 y es una carta con el membrete de la Cámara de Comercio Internacional donde la empresa malaya Leno reconoce a Medina y Luceño como sus agentes comerciales en exclusiva para la importación y exportación de carne congelada de pollo, cordero o cerdo. Además, se incluye la frase de que ambos pueden trabajar también en su nombre para la comercialización de “productos sanitarios”.
Sobre estas líneas, aparece tanto la dirección del FBI como de Interpol, colocadas allí por Luceño para darle más entidad al documento, según él mismo reconoció a los fiscales.
El encargo de 2019
El segundo documento que la Fiscalía considera falsificado está fechado en 2019 y vuelve a incluir a Media y Luceño en una carta de reconocimiento de trabajo para la importación de cerdo, pollo, soja, otros productos cárnicos y elementos de protección sanitaria. En este segundo documento, las firmas de los tres intervinientes son exactamente iguales que en el documento anterior, por lo que Anticorrupción trabaja con la tesis de que fueron manipulados y predatados. Un elemento que refuerza su tesis es el hecho de que Medina y Luceño reconocieran en sus declaraciones que no habían hecho negocios fructíferos juntos antes del pelotazo de las mascarillas de la Comunidad de Madrid.
El tercer documento, que fue entregado al banco en blanqo y negro, es un IMFPA (Irrevocable Master Fee Protection Agreement) que es un compromiso de pago que se firma para garantizar el pago de sus comisiones a los intermediarios dentro de una determinada transacción comercial entre terceros. En este caso, el tercer documento identificaba a Luis Medina como “facilitador” de la venta de mascarillas a 6,6 dólares al Ayuntamiento de Madrid y a Luceño como agente comercial de la fábrica vendedora para esta operación. El documento refleja el pago de un millón de euros para cada uno, aunque el empresario negoció bajo cuerda el pago de otra comisión de dos millones más sin conocimiento de su socio. Un dinero que no aparece reflejado en el documento entregado por Medina al banco. Una vez más, las firmas de los documentos son prácticamente idénticas a las anteriores.
El pasado 22 de febrero, la Justicia malaya envió un escrito a sus homólogos españoles informando de que Leno, la empresa que vendió las mascarillas y que entregó el dinero a los empresarios, se negaba de forma textual a colaborar con la investigación en España. Según la legislación local, la fiscalía malaya solo puede tomar declaración al directivo que aparece en estos documentos si presta su consentimiento de forma voluntaria. Algo que ha negado de forma textual según esta comunicación.