Más de 170 personas han recibido ayuda para morir en el primer año de la ley de eutanasia
Según datos de las comunidades autónomas 171 personas han elegido morir en el primer año en vigor de la ley y han recibido una muerte asistida
La cifra podría ser mayor porque algunas comunidades aún no han actualizados sus datos
Derecho a Morir Dignamente denuncia que Andalucía y Madrid retrasan mucho los procesos de eutanasia
Cuando se aprobó la ley de la eutanasia en España, para muchas personas fue un alivio. María, de Valencia, Javier, de Madrid, Catherine (nombre ficticio), de Granada o Eskarne, de Vitoria, llevaban años, incluso décadas, esperándola. Ellos fueron tres de los primeros residentes en España a los que se aplicó la eutanasia. Hombres y mujeres enfermos desde hacía años, que sufrían, y tenían claro que no querían seguir viviendo. Desde la aprobación aún tuvieron que esperar meses para que entrara en vigor, y en algunas comunidades otros cuantos meses más hasta que se aprobaron los organismos encargados de autorizarlas. Sus nombres se hicieron públicos -por deseo suyo- porque fueron pioneros en sus regiones. Pero después de eso, ¿cuántas personas han elegido morir y lo han conseguido en un año?
A falta de una semana para que se cumpla un año de la entrada en vigor de la ley, y a la espera de que el Ministerio de Sanidad haga públicos los datos, las comunidades autónomas han contado ya, al menos, 171 eutanasias practicadas. No todas han proporcionado datos a este periódico, ya que están terminando de realizar el informe anual -obligatorio por ley- de la eutanasia en sus territorios, o prefieren publicar sus datos en sus páginas web, a la vez para todos los ciudadanos.
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Tras contactar una por una con todas las comunidades, NIUS ha conseguido datos de nueve comunidades autónomas. El resto emplazan a una fecha aún más cercana al 25 de junio para hacer públicas sus cifras de eutanasia:
- Andalucía. En estos 12 meses ha habido 19 solicitudes de eutanasia, de las cuales 11 han sido practicadas, 6 rechazadas y 2 están pendientes de resolución. En el registro de objetores hay 523 médicos (257 del año 2021 y 266 del 2022).
- Aragón. Desde la entrada en vigor de la ley se han registrado 18 solicitudes de eutanasia en Aragón. Cuatro de ellas han obtenido la verificación previa positiva por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación, es decir, que se aprobaron. Finalmente, ya se han realizado tres prestaciones de ayuda para morir. Un total de 1.026 profesionales se declararon objetores para no intervenir en la aplicación de la eutanasia.
- Asturias. Desde la Consejería de Salud del Principado informan de que "en estos momentos la Comisión de Garantías está elaborando el balance de este año".
- Baleares. Se han practicado 8 eutanasias de las 17 solicitudes recibidas hasta la fecha.
- Canarias. Ha recibido 7 solicitudes de eutanasia y se han realizado las 7: fueron cinco mujeres y dos varones; cuatro se produjeron en un hospital y tres en domicilio; hay 4 solicitudes en estudio y en este tiempo se han elaborado 1.438 documentos de voluntades anticipadas, de los cuales 892 solicitan la eutanasia si llega el caso.
- Cantabria. Se han realizado 13 solicitudes de eutanasia, y de ellas 5 han sido aplicadas.
- Castilla-La Mancha. Dos personas han solicitado la eutanasia en este año, una de ellas se aprobó y se realizó en un hospital.
- En Castilla y León se han tramitado 16 solicitudes y se han llevado a cabo cuatro procesos. 625 personas se han registrado como objetores.
- Cataluña ha practicado 60 eutanasias de un total de 137 solicitudes. . Ya en diciembre de 2021 hizo su primer balance. A 30 de noviembre 24 personas habían recibido la eutanasia en la comunidad. En los primeros cinco meses de la ley la región recibió 53 solicitudes de ayuda para morir.
- Comunidad Valenciana. La Consellería de Sanitat hizo públicos sus datos:
- 19 solicitudes, 14 en Valencia, 5 Alicante y ninguna en Castellón.
- De ellas se han autorizado 14.
- Se han llevado a cabo 10.
- Hay dos personas que han fallecido antes de que se les aplique la eutanasia, dos casos están en proceso de realizarse. Hay una en estudio.
- En Extremadura se ha practicado una eutanasia. Esta comunidad explica a NIUS que solamente se informa de las solicitudes que se resuelven positivamente, y que el resto es confidencial.
- Galicia. Desde la entrada en vigor del Decreto de regulación de la eutanasia, el gobierno gallego ha recibido un total de 19 solicitudes, de las que en 4 se ha realizado la prestación. "En cuanto a los restantes casos, la mayoría de los procedimientos se encuentran aún en proceso", informan desde la Consellería de Sanidade.
- Madrid ha realizado 19 eutanasias y se han querido registrar 2.820 profesionales objetores.
- En la Región de Murcia se han registrado cinco solicitudes. Se han realizado cuatro, y una se ha rechazado. Se han acogido a la objeción de conciencia 87 médicos, 2 farmacéuticos y una enfermera.
- En Navarra se han realizado cinco eutanasias, dos se han denegado y otras dos están en tramitación, pendientes de la resolución por parte de la Comisión de Garantías.
- País Vasco. Como Cataluña, ofreció datos a finales de 2021, cuando se cumplían seis meses de la entrada en vigor de la ley. Entonces, en diciembre, en una comparecencia de la consejera Gotzone Sagardui a petición propia en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, se habían contabilizado 34 solicitudes de eutanasia. De ellas se habían realizado 13 procedimientos de eutanasia, 8 fallecieron antes de poder realizarla, una solicitud fue denegada y 12 estaban están en distintos momentos de su proceso. Según el recuento actualizado de junio, se han realizado 25 eutanasias de un total de 71 solicitudes.
- La Rioja. Desde la Consejería de Salud explican a NIUS que el informe está preparado y listo para su publicación en este mes de junio. Se podrá acceder a él a través de la web de la consejería, como marca la ley. Es decir, que será información pública para todos los ciudadanos.
Tres velocidades
Javier Velasco, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente, la principal impulsora de la ley, explica que en las regiones, más allá de los datos, hay tres grupos en la aplicación de la ley: los que tramitan las solicitudes rápidamente, con protocolos claros, las que retrasan un poco la voluntad de los pacientes, y las que ponen trabas que, a pesar de terminar ejecutando la eutanasia, prolongan los procesos de los solicitantes. Además, denuncia cierta pasividad del Ministerio de Sanidad, que "en lugar de ser proactivo e impulsar que las regiones tengan bien recopilados y clasificados los datos, con criterios homogéneos, ha establecido hace bien poco la forma de notificar las cifras de eutanasia". NIUS ha intentado hasta en tres ocasiones que Sanidad informe de sus datos, pero desde el departamento que dirige Carolina Darias han emplazado a este periódico a próximos fechas ya que aún están recogiendo toda la información. Hay que señalar que al ministerio no le basta con la cifra total sino que necesita informes exhaustivos de motivos para la eutanasia, tipo de procedimiento, razones para las negativas, número de objeciones y un largo etcétera.
"Son comunidades que forman a los médicos específicamente en la ley, que incluso tienen personas especializadas en la tramitación. Así que si un médico recibe una solicitud tiene alguien a quien acudir para que le guíe en el proceso. Esto es lo que más ayuda a que los casos sean más ágiles. Estos equipos existen en Cataluña, Navarra, Euskadi, en Canarias en algunas islas. Y están compuestos de como mínimo un médico y una enfermera especializados en la implementación de la ley. En Cantabria, por ejemplo, tienen informatizado que cuando llega una solicitud va directamente a un servicio que está en la propia consejería, y este equipo se pone en contacto personal con el médico que recibe la solicitud. En Cataluña y Euskadi, las comunidades más avanzadas en el tema, los pacientes tardan de media 41 días en ejecutar su voluntad.
Para DMD en el pelotón de cola están Andalucía y Madrid, "que no solamente empezaron más tarde –Andalucía tardó cinco meses en implementar la ley después de entrar en vigor- sino que en muchos casos hay problemas de tramitación. No es ágil: la solicitud la recibe un médico, se alargan los plazos, el médico habla con su superior, no se sabe si objeta o no… Por ejemplo, en Andalucía uno de los casos tardó tres meses, el de Estrella. Ella llevaba esperando la ley mucho tiempo, y entregó la solicitud nada más entrar en vigor. Tuvo que esperar cinco meses a que Andalucía creara el comité que debe aprobarlas, y otros tres meses que se tardó en tramitar su solicitud", denuncia Velasco.
En medio están las comunidades que reciben menos casos, menos solicitudes, y que tardan algo más de 40 días en tramitarlas, pero no tanto como tres meses. Todas las regiones están obligadas a enviar al Ministerio de Sanidad un informe con los casos detallados y las objeciones de conciencia.
En la recopilación de datos para este artículo han colaborado los periodistas de Informativos de Mediaset distribuidos por toda España.