Una científica acusa al Departamento de Salud de Florida de presionarla para modificar las cifras del covid-19

Rebekah Jones comenzó a acaparar los titulares de la prensa estadounidense tras ser despedida en mayo de su puesto de trabajo en el Departamento de Salud de Florida, y denunciar que había sido presionada para modificar los datos oficiales de los casos de Covid-19.

Llevaba algo más de un año y medio trabajando para la agencia de Salud, inicialmente como analista geoespacial para luego convertirse en directora de Sistemas de Información Geográfica (SIG) de la agencia de Salud. Con la llegada de la pandemia, Jones pasó a ser una de las responsables de la web que ofrece cada día a los ciudadanos las estadísticas de muertes e infectados por coronavirus, así como el rastreo de la propagación del virus por el estado.

La plataforma había sido elogiada incluso por la Casa Blanca como una herramienta accesible y completa para combatir la crisis sanitaria. Aparentemente todo estaba en orden hasta que los funcionarios estatales de la agencia de Salud decidieron prescindir de los servicios de la científica de datos, alegando “insubordinación” después de haber sido reprendida en varias ocasiones.

La versión de la analista, que denunció formalmente las supuestas irregularidades, dista mucho de la oficial al asegurar que fue despedida por negarse a "manipular" las estadísticas de la Covid-19 para que las ciudades y condados pudieran reabrir antes, tras los cierres por el coronavirus.

Las sospechas de una posible censura por parte de la administración del Gobernador de Florida, Ron DeSantis, un republicano aliado del presidente Donald Trump, saltaron a la palestra en medio de la oleada de noticias sobre el virus.

DeSantis además promocionaba en aquellos días el éxito inicial de su manejo de la pandemia, aunque con la llegada del verano, en julio, la curva de casos alcanzó uno de sus picos más elevados, como viene sucediendo de nuevo en estas fechas. En Florida, según los datos del Departamento de Salud, cerca de 20.000 personas han perdido la vida y más de 1,11 millones han sido infectadas.

"Nuestros datos están disponibles", dijo DeSantis cuando Jones fue cesada de su cargo. “Cualquier insinuación de lo contrario es sólo una narrativa partidista típica que intenta ser hilada”, manifestó el gobernador a quien la analista culpó de pretender modificar los datos públicos para adaptarlos a su agenda de reapertura.

La disputa entre analista de 31 años y el gobernador del estado, captó la atención de los medios de comunicación nacionales más importantes. Jones atendió entrevistas en prensa, radio, televisión y medios digitales ganando cada vez más popularidad, y convirtiéndose además en una fuente de datos e información sobre los casos de Covid 19 en Florida.

Con el apoyo de las redes sociales que se vio sumamente incrementado en los últimos meses, creó una página de GoFundMe, una plataforma de crowdfunding con la que recaudó, gracias a las donaciones de cientos de miles de seguidores, más de 230.000 dólares. Utilizó los fondos para crear su propia web de rastreo de coronavirus llamada Florida Covid Action, sin ánimo de lucro y ofreciendo información pública en línea y compitiendo con la del estado.

Para llevarla a cabo, aclara Jones, utilizó el mismo software de ciencia de datos y técnicas de extracción de datos, pero utilizando información abierta y ofreciendo instrucciones a otros que deseen configurar sus propios paneles, al punto de que su web ofrece más información que la oficial de Florida.

En agosto, la geógrafa lanzó una nueva página en la web que rastreaba los casos de los colegios antes de que estos abrieran en otoño, algo que el Departamento de Salud no mostraba en su página hasta que en septiembre incorporó estos datos. Habitualmente, el número de muertes y afectados que Jones refleja en su plataforma es superior a la del Departamento de Salud.

Para algunos se ha convertido en una heroína que ha denunciado sin filtros la supuesta falta de transparencia de la administración. Jones ha recibido el respaldo de diferentes responsables de entidades y organizaciones como la Comisionada de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, o la Asociación de Sistemas de Información Urbana y Regional de Profesionales del SIG. Estos últimos escribieron una carta al gobernador DeSantis declarando entre otras cosas que, aunque todos los acontecimientos no se han hecho públicos, “nos preocupa que las acciones tomadas potencialmente pongan en riesgo al público, impidiendo también que un profesional GIS certificado siguiera el Código de Ética que guía a todos los profesionales GIS que trabajan en puestos gubernamentales, sin fines de lucro y del sector privado".

El caso de Jones tomó un giro inesperado cuando el pasado lunes, a las 8.30 de la mañana, varios agentes del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE por sus siglas en inglés) se presentaron en la puerta de la casa de la analista con una orden de registro. Los oficiales de policía dijeron que se confiscaron varios dispositivos electrónicos de su casa, incluido su teléfono personal y computadora portátil.

Ese mismo día, Jones publicó en su cuenta de Twitter un video de 30 segundos grabado desde una cámara de seguridad doméstica en el que se ve a la policía, con las armas desenfundadas, accediendo al interior de la casa que en la que también se encontraban su marido y sus dos hijos pequeños. Tras la publicación del video, muchos cuestionaron las tácticas utilizadas por el Departamento de la Aplicación de la Ley.

“Se llevaron mi teléfono y la computadora que uso todos los días para publicar los números de casos en Florida y los casos escolares de todo el país. Tomaron evidencia de corrupción a nivel estatal. Afirmaron que se trataba de una violación de seguridad. Este era DeSantis. Envió a la Gestapo”, escribió la científica.

Rick Swearingen, comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, dijo que la policía actuó "de acuerdo con los protocolos normales".

Horas más tarde, el FDLE dijo en un comunicado que se emitió una orden de registro porque se sospechaba que Jones había pirateado un sistema informático del Departamento de Salud de Florida y había enviado un mensaje no autorizado a los miembros de la Respuesta de Emergencia del Estado.

Jones ha negado rotundamente la acusación y afirmó en una entrevista que, teniendo en cuenta que las autoridades sólo se llevaron sus dispositivos electrónicos personales, y no otros que también se encontraban en su casa y que podrían haber sido utilizados para enviar el supuesto mensaje no autorizado -en contraste con la versión de los oficiales-, ella cree que el verdadero objetivo era incautar su teléfono para que las autoridades puedan identificar a los trabajadores del Departamento de Salud de Florida con los que había estado comunicando, incluidas sus fuentes confidenciales.

Más tarde Jones publicó en las redes: “Dos pájaros de un tiro. Prometí protegerlos, que nadie se enteraría de que hablaron conmigo. Fallé".

“Siempre supe que vendrían por mí algún día. Ha pasado tanto tiempo que comencé a sentirme segura de nuevo ", dijo sobre la redada. “Si derrotas a un gobernador, él vendrá por ti. Hace seis meses, yo era solo un científico que intentaba hacer mi trabajo".

El portavoz de DeSantis, Fred Piccolo, dijo a CNN que "la oficina del gobernador no tuvo participación, ni conocimiento, ni nada, de esta investigación".

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida ha hecho públicas también las imágenes de la cámara corporal de uno de los oficiales presentes en la casa de Rebekah Jones y su familia. “Cumplir las órdenes de registro es uno de las actividades más peligrosas de los agentes del orden. Muchos oficiales mueren cada año durante la ejecución de las órdenes de registro”, aseguró Rick Swearingen, comisionado del cuerpo policíaco estatal.

Tras llamarla por teléfono e insistirle en que saliera de la casa, gritaron varias veces “¡Orden de registro policial, abra la puerta!”. Jones tardó 23 minutos en abrir la puerta según los agentes.

“Cualquier riesgo o peligro para la Sra. Jones o su familia pudo ser el resultado de sus propias acciones”, ha dicho la policía en un comunicado.

Sobre la actuación policial, DeSantis dijo que “los oficiales siguieron todos los protocolos”: “Los agentes actuaron con respeto, con honor y de acuerdo con las leyes de Florida y de los Estados Unidos”.

Pero no todos piensan de la misma manera. Ron Filipkowski, un abogado republicano que fue designado por DeSantis para un panel judicial estatal, renunció poco después como señal de protesta. El letrado manifestó que estaba "atónito" por el video, y agregó que se puso "más furioso" cuando leyó la orden, que dijo que parecía tener "propósitos políticos". "Creo que no están interesados en procesarla por nada", dijo Filipkowski. “Les interesa intimidar, despedir o silenciar a los empleados estatales”.

Jones no ha dejado de publicar en sus redes sociales los datos de los casos de Covid-19 del estado de Florida y se mantiene firme en sus convicciones personales y profesionales. En su perfil de LinkedIn se define como una científica a la que le gusta creer que es especialmente hábil para comunicar sistemas y procesos complejos a través de una variedad de medios, generalmente mapas y aplicaciones relacionadas en estos días: “Vivo para servir y mi única necesidad en la vida es estar en una posición en la que pueda tener un impacto significativo en la vida de las personas, para aliviar el sufrimiento del mundo de cualquier manera que pueda. Educado en climatología, peligros naturales y ciencias geoespaciales, encontré un nicho en SIG para usar todas mis habilidades para planificar y responder a emergencias de todo tipo, ya sean emergencias de salud pública o desastres naturales”.

“Voy a aprovechar esta cosa horrible que me ha pasado para seguir haciendo lo mejor que pueda lo que siempre he hecho”, ha declarado la joven analista que está pensando trasladar a su familia a otro estado en las próximas semanas.

Si Rebekah Jones es finalmente acusada y declarada culpable, podría enfrentarse a una condena de cinco años de prisión.