Toño Abad, director del Observatorio valenciano contra LGTBIfobia: "En España no se denuncian el 93% de las agresiones homófobas"

La denuncia falsa de un joven en Madrid ha provocado todo un terremoto mediático. Un hombre homosexual aseguraba haber sido secuestrado por ocho encapuchados que le sometieron a vejaciones y acabaron grabándole en el glúteo la palabra "maricón". Finalmente, todo fue una estrategia para ocultarle a su pareja que ejercía la prostitución y que el encuentro fue consentido.

Tras la denuncia, el Gobierno convocó una Comisión de delitos de odio que ha acabado convirtiéndose en munición para la oposición, que acusa al Ejecutivo de "oportunista" y acorrala a Marlaska.

Lamentablemente, la denuncia falsa también sirve de argumento dentro del discurso homófobo. Sin embargo, sólo una de cada diez víctimas LGTBI denuncia las agresiones en Europa. Cifra de agresiones que quedan impunes que asciende al 93% en España.

Lo denuncia Toño Abad, director del Observatorio valenciano contra la LGTBIfobia. Con años de activismo a su espalda, Abad lamenta el daño que este tipo de noticias hacen a la lucha del colectivo. Sin embargo, lejos de cargar las tintas contra el joven madrileño, Abad insiste en que las denuncias falsas como esta no son más que una mera anécdota. Para este activista, lo verdaderamente importante es que, de una vez por todas, se apruebe la ley LGTBI en España.

Pregunta: Desde el Observatorio valenciano contra LGTBIfobia aseguráis que el 93% de las agresiones contra el colectivo LGTBI nunca se denuncian. Es una cifra altísima.

Respuesta: No es un cálculo nuestro, son datos oficiales que da la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que gestiona estos asuntos en la UE y que lo hace por países. En 2020 publicaron los resultados de una macroencuesta a nivel europeo con una muestra muy amplia y cifra en el 93% los casos que no se llegan a denunciar.

P: A raíz de la denuncia que finalmente ha resultado ser falsa de un joven en Malasaña, el Gobierno ha puesto en marcha una Comisión de delitos de odio. De esa comisión ha surgido la creación grupos específicos de actuación dentro de la Policía. ¿Qué os parece a vosotros la medida?

R: Primero, sobre la denuncia falsa, ha sido todo un shock. Sin embargo, estamos hablando de una anécdota dentro de un reguero de hechos discriminatorios y de actos basados en el odio que han ocurrido y que venimos recogiendo durante todo el año.

Que se convoque la comisión me parece bien, no sé si ha sido exclusivamente a raíz de esto, pero bueno, sí, algo ha tenido que ver. Pero es que llevamos un ‘verano horribilis’ en cuanto a delitos. Se están produciendo un montón de agresiones, lo vemos publicado en los medios.

Yo creo que lo primero que hay que hacer en España como estrategia es aprobar la ley LGTBI, que es una emergencia que necesitamos, un marco legal para poder exigir luego nuestros derechos. Eso en primer lugar.

Que se reúnan las comisiones relacionadas con los delitos de odio, implicados el Ministerio del Interior, Fiscalía, Policias, etc. me parece siempre una buena noticia. Pero estas reuniones se tenían que haber dado con mucha anterioridad.

Las agresiones ocurren cada vez con más frecuencia y además son más violentas, con lesiones más graves como consecuencia. El caso de Samuel es paradigmático, pero es que hablamos de una manada muy parecida en Alicante con lesiones graves a la persona que persiguieron, que era un hombre gay. O hablamos de ayer, mismamente, o antes de ayer en Valencia con una paliza directamente a un joven trans. Yo creo que está bien, es buena noticia, pero se debería haber convocado antes.

P: La Federación LGTBI de Benidorm ha denunciado al joven de Malasaña y aseguran que ha generado un daño muy grande al colectivo. Como has dicho, es una mera anécdota dentro de lo poco que se denuncia, pero no sé qué piensas sobre cómo afectan este tipo de denuncias falsas a la lucha del colectivo contra las agresiones. Por otro lado, ¿qué piensas de la denuncia de la Federación de Benidorm?

R: Sobre la denuncia de la Federación, el planteamiento que tiene me parece absolutamente ridículo. Quiero decir, en todo caso, no tendrá que ser una asociación de la que no se conoce trayectoria en materia de lucha contra delitos de odio: tendrá que ser la Fiscalía, la Policía o el juez quien determine si ha habido una simulación de delito o no, porque tampoco conocemos todos los datos. Yo creo que este caso nos ha hecho daño, evidentemente. Nos ha tocado un poco la fibra y nos tiene que hacer reflexionar como sociedad, en este tema y en otros diferentes.

Tenemos que ser más sosegados en las respuestas que damos. Sobre todo, es muy importante comprobar la veracidad de los hechos, la veracidad de lo que ocurre, que también es responsabilidad de quienes ejercemos algún tipo de denuncia social. Los primeros perjudicados evidentemente somos quienes luchamos por denunciar y por poner ante las autoridades hechos que ocurren y que muchas veces no se denuncian. En relación con lo del joven, simplemente tengo que decir que habrá que ver si quien le grabó esto en el glúteo no cometió también un delito. El hecho de que sea consentido no quiere decir que las lesiones permanentes no se persigan judicialmente. Es decir, en todo caso el chico en sí mismo es una víctima, sea por una cosa o por otra.

P: Sobre la frecuencia de las agresiones, los datos que arroja la fiscalía desde 2017 dicen que se mantienen estables. Es cierto que este verano parece que sufrimos un repunte de agresiones al colectivo LGTBI, pero yo me pregunto si es algo parecido a lo que pasó en su día con la violencia de género: no se producían más, simplemente no fuimos conscientes de la magnitud hasta que les hicimos caso. No sé si ocurre algo parecido con la violencia LGTBI o de verdad habéis detectado un aumento de agresiones en los últimos meses.

R: Esto que me preguntas es muy pertinente y además es una pregunta muy recurrente, me la hacéis mucho los medios de comunicación, pero yo no tengo una respuesta, yo no lo sé. Lo que sí que sé es que existe una doble dimensión en los delitos de este tipo, concretamente los que están relacionados con la LGTBIfobia.

La primera de las dimensiones es que, evidentemente, hay un 93% de incidentes que no se denuncian y, por lo tanto, sabemos que ocurren, sabemos que están ahí, pero que no llegan a concretarse en denuncias. La segunda cuestión es que los datos que da la Fiscalía, con los cuales yo discrepo absolutamente, son datos que sólo recogen denuncias que se han concretado en procedimientos judiciales, mientras la mayor demanda que tenemos los colectivos LGTBI es que se recojan esos incidentes y se les aplique los agravantes de odio. Si se juzga una cuestión que está fundamentada en el odio y luego resulta que finalmente no se condena como odio o como homofobia, no va a constar en los informes de la Fiscalía. Muchas veces son los propios fiscales los que, como Ministerio Público, no incorporan esos agravantes a las instrucciones o a los expedientes judiciales. Por lo tanto, aquí también hay un problema institucional importante.

La segunda dimensión de este problema es la violencia con la que se están produciendo estas agresiones. Lo que está ocurriendo es que los hechos son más violentos y como resultado las lesiones son cada vez más graves. Si hace cinco años atendíamos a personas que habían sufrido agresiones graves en un porcentaje mucho menor, ahora estamos viendo como esa cifra se ha multiplicado por 10 o por 15. El problema es también el nivel de la violencia, del ensañamiento, que eso también es un dato a tener en cuenta.

P: Si entiendo bien, percibís claramente un aumento de la violencia ejercida contra las víctimas, pero también cierta falta de sensibilidad o de formación por parte de la Fiscalía para identificar motivaciones de odio en ciertas agresiones, que finalmente computan como agresiones sin más.

R: Bueno, no es que lo perciba yo, lo aseguro rotundamente. No solamente de la Fiscalía, que además nos tira constantemente procedimientos que iniciamos nosotros por delitos de odio o que archiva automáticamente una vez los hemos puesto en su conocimiento, sino en general de los órganos judiciales y policiales. Lo que sí sé que hay en el colectivo LGTBI, además de una alarma social importante y una sensación de inseguridad, es una sensación de desprotección absoluta. Es más, cuando acudimos a los tribunales ya con todo acreditado, esperando una sentencia condenatoria por un delito de odio, muchas de las sentencias no atienden a esta realidad. Y esto lo hemos visto recientemente con el caso del chico de A Coruña al que extorsionan a través de las redes sociales y al final acaba suicidándose, y la pena es de risa. La pena es absolutamente de risa, dos años y medio de cárcel y 9000 € de multa. Que poco valen nuestras vidas, ¿no?

P: Hablas de un estado de preocupación extrema entre el colectivo en los últimos meses. ¿Detectas que la gente está más nerviosa y más preocupada?

R: Sí, en los años que llevo haciendo activismo, que son ya muchos, no había percibido una sensación de inseguridad tal. Muchísimas personas se dirigen a nosotros y nos dicen que tienen miedo, que no están seguros. En transportes públicos, en espacios colectivos, en las calles, de fiesta… Dudan antes de darle la mano a su pareja o dar un beso, incluso a la hora de llevar pulseras o camisetas con la bandera arcoiris. La gente tiene esa sensación de miedo y yo creo que está fundamentada: es verdad que cada día recibimos más consultas sobre agresiones, sobre lesiones, sobre consecuencias de hechos discriminatorios determinados. La gente sí tiene miedo, yo sí lo percibo.

P: ¿A qué crees que se debe este aumento de las agresiones y de la violencia de las agresiones? Parecía que lo habíamos superado y de repente hemos vuelto a una época más oscura que la anterior...

R: Creo que uno de los elementos centrales que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis integral de lo que está sucediendo es la introducción de determinados discursos en las instituciones. Hay fuerzas políticas que se han dedicado durante un tiempo a señalar, a decir que lo nuestro no era amor sino vicio, que el Orgullo es una fiesta denigrante, que las personas LGTBI tenemos que quitar las manos de encima de sus hijos hablando del pin parental… se han dedicado a estigmatizar y a convertirnos en el enemigo. Creo que, en determinados sectores y capas de la sociedad, ha calado ese mensaje, que no era muy complicado que calara porque estaba ahí.

Prejuicios siempre han existido, pero eso ha cristalizado en una mayor violencia y en un rechazo que luego se simboliza con ese tipo de agresiones y de reacciones en contra de las personas LGTBI.

P: Volviendo a las pocas agresiones que se denuncian, ¿por qué crees que la gente no denuncia todavía?

R: Hay desconfianza en la policía, en los órganos judiciales... venimos de momentos de la historia en los que hemos sido siempre rechazados. Pero es que después la democracia se construye también al margen de las personas LGTBI: sin reconocimiento de derechos. Lo real es que podemos casarnos desde hace muy poquito, por ejemplo. Y en 2015 empieza un poco a cambiar, digamos, el trato que nos dan las instituciones a las personas LGTBI.

Este país no ha dado grandes pasos en relación con la diversidad y con el respeto a las personas LGTBI. A pesar de que España es un país muy plural, muy tolerante, abierto y demás, todavía queda mucho por hacer. Creo que esa desconfianza viene por una trayectoria histórica, nos cuesta confiar en las instituciones que siempre nos han dado la espalda.

Por otro lado, los procesos judiciales que están basados en delitos de este tipo, son procesos muy penosos donde las personas LGTBI tienen que revelar su orientación, dar todo tipo de explicaciones, revelar con quién estaban o dónde estaban. A veces, en muchos sectores o familias, estas cosas no se entienden bien. Precisamente por la desigualdad y el prejuicio que hay, es un suma y sigue. Esto influye mucho para que las personas no vayan a denunciar, además de lo que comentábamos antes de que cuando se denuncia y se acredita delito, muchas veces no se sentencia o las sentencias son irrisorias como en el caso de A Coruña.

P: A grandes rasgos, ¿qué se te ocurre que se podría hacer para animar a esas víctimas a denunciar?

R: Creo que hay que cambiar muchas cosas. Hay que aprobar una ley que contribuya a cambiar la sociedad porque, a veces, las leyes cambian también las miradas y las perspectivas. Hay que reforzar el estatuto de la víctima: las personas LGTBI se tienen que sentir arropadas por la Justicia y la protección de la víctima. En algunas ocasiones se produce la revictimización: una nueva agresión posterior a la denuncia porque ha habido una exposición mediática de la víctima, o porque la víctima ha denunciado y en represalia se la vuelve a agredir. Es decir, el tema de la protección de la víctima también sería interesante.

Y lo importantísimo es aprobar una ley LGTBI, el marco legal que luego permitirá consolidar los derechos, regularlos y desarrollarlos en normas mucho más amplias, en reglamentos y que al final lo que hagan sea precisamente que esos derechos sean reclamables automáticamente. No como ahora, que vivimos en un limbo de la justicia y de la legalidad.

Hay que seguir reivindicando nuestros derechos y nuestra visibilidad, que nadie ni nada nos va a mandar otra vez a los armarios, ni a los armarios ni a la España en blanco y negro. Que tenemos que seguir luchando por un mundo más plural, más diverso, más respetuoso. Que nuestro objetivo es, en todo caso, un objetivo éticamente loable. Que nosotros lo único que pedimos es respeto y un mundo donde poder desarrollarnos en libertad, y eso son palabras en mayúscula.